Las diputaciones plantean hoy aplazar impuestos para pymes y autónomos

o. El decreto que declaró el estado de alarma, publicado en la madrugada del domingo por el Gobierno central, ya ha suspendido todos los plazos que existían para el pago de impuestos, que se retomarán previsiblemente con un cambio de fechas cuando se normalice la situación. Pero eso no es suficiente, porque lo que está ahora en juego no es el día en que hay que pagar los impuestos sino la incertidumbre, en especial en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, de si tendrán o no dinero para hacerlo. En este contexto, las diputaciones vascas se han comprometido a estudiar hoy medidas concretas en los respectivos consejos de gobierno que permitan alargar los plazos e incluso conceder algunas ventajas fiscales.

Fuentes de la Administración foral vasca señalaron ayer a EL CORREO que el objetivo es intentar una regulación armonizada de estas medidas excepcionales –que sean iguales en los tres territorios–, aunque no se descartan algunos «añadidos» particulares. Es, al menos, una buena oportunidad para demostrar que la pretendida armonización fiscal vasca funciona en situaciones excepcionales.

Cualquier empresa o autónomo tenían claras sus citas más inmediatas con Hacienda, aunque el decreto del Gobierno central las ha dejado de momento sin efecto, señalan a este periódico expertos en legislación fiscal. La primera fecha es el próximo 25 de abril, cuando debe hacer dos ingresos en las arcas forales. El primero corresponde a las retenciones que ha hecho en los salarios de sus plantillas de trabajadores. El segundo, el IVA que ha repercutido en todas sus facturas. El problema es que en esa fecha su tesorería estará previsiblemente maltrecha, después de haber tenido que atender algunos gastos ineludibles –salarios, cotizaciones de la Seguridad Social, alquileres, suministros de materias primas adquiridas con anterioridad, etc.– y arrastrar un periodo dilatado de inactividad y, por lo tanto, de ausencia de ingresos.

La segunda fecha para los autónomos es la declaración del IRPF, cuyo plazo suele extenderse hasta finales de junio; y para las empresas el 25 de julio, con el Impuesto de Sociedades.

Favorecer la liquidez

Ante esta situación, las diputaciones forales aprobarán hoy medidas que tendrán varios vectores. El primero de ellos, anticipar al máximo las devoluciones del IVA que están pendientes, con el objetivo de inyectar liquidez en algunas empresas. Lo mismo quiere hacerse con las propuestas de devolución del IRPF correspondientes a 2019.

Fuentes de la Administración foral daban ayer como seguro que habrá aplazamientos y opciones de pago en varios plazos y sin recargos para las próximas liquidaciones de IVA y de retenciones, que son las que más abruman en estos momentos a las pymes y los autónomos.

El decreto del Gobierno central también ha clarificado algunas cuestiones en relación con los aplazamientos. Esto es, las peticiones individuales que hagan empresas y autónomos, para ir más allá de las nuevas fechas que se planteen para hacer los ingresos. En ese sentido, ya se ha establecido que se podrán solicitar aplazamientos de hasta seis meses y sin intereses, aunque sólo podrán acceder a esta medida las empresas con una facturación anual inferior a seis millones de euros. Con ello, Hacienda se convierte en la práctica en financiador de las empresas. Justo la posición contraria a la habitual, ya que en una situación normal son contribuyentes y empresas, con sus anticipos de impuestos, quienes actúan como banqueros para financiar –siempre a tipo de interés 0– a las arcas públicas.

Alguna fuentes aseguran que las haciendas forales van a intensificar su reflexión en las próximas semanas, con el objetivo de valorar si se pueden añadir nuevas medidas tributarias en la regulación de los impuestos. Algunas de las opciones que ya se han anticipado pasan por ayudar a las empresas que mantengan el empleo pese a las enormes dificultades que van a atravesar.

Por otra parte, el Gobierno vasco presentará hoy el detalle de las medidas que contiene el primer paquete de choque contra la crisis derivada del coronavirus, que el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuantificó en 300 millones de euros. Una parte importante de estas ayudas, al parecer, no será inyección de dinero sino avales, con el objetivo de que las empresas con mayores dificultades crediticias puedan obtener liquidez con préstamos bancarios. El Departamento de Hacienda que dirige el consejero Pedro Azpiazu trabaja ya desde el viernes de la pasada semana con la sociedad de avales Elkargi, con el objetivo de instrumentar esta operación. Una iniciativa similar a la que se puso en marcha en la pasada crisis para paliar la ausencia de crédito.