Cataluña, la comunidad con el IRPF más alto para rentas medias y bajas

Así se recoge en el informe anual sobre fiscalidad autonómica y foral presentado este lunes por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) que, en general, sitúa a Cataluña con un IRPF alto en prácticamente todos sus tramos de renta. No obstante, entre 45.000 y 70.000 euros anuales la que grava más a sus ciudadanos es Extremadura, mientras que por encima de esa cantidad lo hace la Comunidad Valenciana.

La primera diferencia negativa para quienes trabajan en Cataluña es que allí el tipo mínimo para dicho impuesto es del 12%, dos puntos y medio más que el promedio de las 17 autonomías (9,5%), cuya competencia alcanza la mitad del IRPF, tanto en tarifas y algunos mínimos exentos como en deducciones y bonificaciones. Incluso en aquellas que superan ese suelo -Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y Valencia-, no llegan a establecer más de un 10%.

El resultado es que si tomamos, por ejemplo, un salario anual de 16.000 euros -el más común en España según el INE-, en Cataluña se tendrían que pagar al fisco 1.612 euros (viendo el caso de una persona soltera, sin hijos y menor de 65 años), un 8% más que en la siguiente comunidad con el IRPF más alto (Baleares, con 1.493 euros). En el caso de que los ingresos por ejercicio fueran de 20.000 euros, Hacienda se quedaría en ese territorio con 2.511 euros, casi un 5% más de lo que se abonaría en Aragón y Murcia (2.394 euros en cada una), las otras que más gravan ese tramo.

En las rentas medias, sin embargo, la diferencia entre lo que se paga en la comunidad con mayor IRPF (Extremadura con 9.822 euros para un sueldo anual de 45.000 euros, y 19.932 euros para unos emolumentos de 70.000 euros) y la segunda de la lista (Murcia con 9.745 euros y Valencia con 19.738 euros, respectivamente) solo es de un punto.

La misma dinámica se repite en los tramos de ingresos mayores, a partir de 110.000 euros. En el extremo contrario, Madrid es la que tiene un impuesto de la renta más bajo para todas las rentas, seguida en los tramos más bajos de Galicia, en los medios de Castilla y León, y en los altos de ambas. Así, una persona que trabaje en aquella comunidad pagaría por IRPF entre cinco y doce puntos menos que en la comunidad más exigente según fuera su salario.

En otros impuestos establecer una línea común resulta complicado, advierten los expertos del REAF. Lo que sí destacan es la «exagerada utilización de la capacidad normativa», al establecer las autonomías de régimen común hasta 732 tipos, reducciones, deducciones o bonificaciones, sobre todo en el IRPF. Una desmesura que no se compadece con su volumen de ingresos.

El año pasado Cataluña fue la comunidad que más impuestos creó, con cuatro; los más controvertidos el que grava las bebidas azucaradas y también el que se aplica a los activos no productivos de las personas jurídicas (por ejemplo, los inmuebles de las empresas que no están generando una renta o sus viviendas desocupadas). Suma ya 18 -aunque tres han sido declarados inconstitucionales, algo que también le ha pasado a otros territorios-, casi una cuarta parte de los 82 tributos autonómicos que existen.

Con todos ellos la Generalitat catalana recauda 630 millones de euros al año, aunque esta cifra solo supone el 3,2% de sus ingresos tributarios totales. Aún así, es un punto más que el promedio nacional (2,2%, que se traduciría en 2.090 millones), pero queda por debajo de las regiones que se financian mucho más con impuestos propios y lo hacen, además, creando menos figuras. Es el caso de Canarias (15,8%), seguida de Baleares (3,8%).

Visto de otra forma, ocho de cada diez euros recaudados por las autonomías (el 83%) proceden de su parte en los tres grandes impuestos nacionales:_IRPF (35,7%), IVA (31,6%) y tributos especiales (16%) sobre carburantes, alcohol y otros. Eso sí, solo en el caso de la renta tienen capacidad normativa. En esta tesitura, y ante la «escasa» fuente de financiación que supone la fiscalidad enteramente regional, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y los autores del informe llegan a hablar de «caos», «marasmo» o incluso «jungla normativa dentro de un modelo -que el Gobierno pretendía reformar este año si hay consenso- «innecesariamente complejo y oscuro».

Como tendencias autonómicas en ese afán regulador desde el REAF apuntan un descenso en los impuestos sobre las herencias -cinco comunidades bajarán su impuesto de sucesiones este año-, frente a un aumento de la presión fiscal sobre la compra de vivienda -en Cataluña, Cantabria y Galicia se pagan 15.000 euros por una casa de 150.000-. En patrimonio, Madrid sigue como la única que no grava aparte la riqueza neta mayor de 700.000 euros.