Dejar el dinero en las arcas públicas para cumplir las exigencias fiscales de Bruselas o en el bolsillo de los ciudadanos para aliviar el impacto de la subida de precios. Esa es la decisión que debe tomar el Gobierno de España antes de final de ... año para mantener o eliminar las rebajas en el IVA a la alimentación y la energía. De momento, en el plan presupuestario enviado a la Unión Europea desaparecen. La medida, contando con que las ayudas al transporte público continúen, costaría a los vascos 220 millones de euros, que es lo que subiría el precio en la cesta de la compra y el del recibo de la luz. Supondría casi un punto del IPC y un 0,3% del PIB de Euskadi.
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La otra cara de la moneda es que, en el ajuste de los impuestos entre diputaciones y la Administración General del Estado, las haciendas forales engordarían sus ingresos con esos 220 millones. Serían las grandes beneficiadas de la medida. Y lo harían además en un ejercicio, el de 2024, en el que el Consejo Vasco de Finanzas ha previsto el menor incremento de la recaudación desde la pandemia, un 4,9%. Y es que, tal y como explicó la semana pasada el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, la desaceleración de la zona euro «se dejará sentir, de forma acusada en la industria vasca». De hecho, las previsiones en el Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios de las empresas, caen por primera vez en Gipuzkoa (7%) y en Álava (4%).
El escenario económico tampoco es el más propicio. De hecho, diputaciones y Gobierno vasco acaban de pactar una deflactación en el IRPF del 2,5% para el año que viene que supondrá dejar de recaudar 100 millones. Además, el PNV analiza cómo prolongar también la ayuda fiscal de hasta 200 euros para las rentas menores de 35.000 euros que reclama el PSE-EE. La disposición es favorable, pero fuentes del Ejecutivo señalan la necesidad de analizarlo a la luz de la marcha de la recaudación y la economía. La prioridad, sostienen, es garantizar unos ingresos que aseguren las políticas públicas de todo el entramado institucional vasco.
En definitiva, un complicado ajuste en el que combinar muchas piezas. El caso es que la rebaja del IVA en la energía, en el ajuste tributario con el Ministerio de Hacienda, ha supuesto a Euskadi una reducción de ingresos fiscales en el último año de 96 millones. De ellos, 53,7 millones corresponden a la rebaja en el gravamen del consumo de la luz y 23,2 por la generación, mientras que 19,6 han sido por el IVA del gas.
Se trata de un dinero que escapó a las haciendas forales pero que se quedó en el bolsillo de los contribuyentes, como los 92,8 millones en que se calcula el efecto vasco de la rebaja del IVA en los alimentos básicos.
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El momento es delicado porque es precisamente en el supermercado donde la subida de precios está resistiéndose a ceder. El pasado septiembre, según el INE, la cesta de la compra siguió disparada por encima del 10% respecto al mismo mes de 2022. En determinados productos como el aceite se acentúa el incremento hasta en un 67% en lo que llevamos de año, por un 40,5% el azúcar o el 20,5% las patatas.
Además, el conflicto en Oriente Próximo no ayuda a prever una bajada del IPC que en septiembre escaló 9 décimas, hasta el 3,5%. Desde que estallaron los ataques, el petróleo se acerca a los 100 dólares el barril y el gas acumula una subida en solo dos semanas de casi el 50% al pasar de 30 euros el Mwh a 50.
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Este año ya dejó de aplicarse la ayuda universal al combustible, las de los 20 céntimos el litro. Una subvención que activó el Gobierno central y que supuso en Euskadi el pasado año un montante de 360 millones.
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