El euskera ahonda la brecha entre los bloques sindicales ELA-LAB y CC OO-UGT

Ocurrió este mismo martes por una demanda contra la empresa pública Euskotren presentada por UGT. El sindicato impugnó ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el proceso se estabilización de un centenar de plazas por, entre otros motivos, exigir el B2 de euskera. «Eso impide a los interinos que no tengan ese perfil optar a una plaza fija pese a acumular años de experiencia», denuncia Pedro Markina, representante sectorial del sindicato. Recuerda que de esta forma se incumple la denominada 'ley Iceta', que obliga a consolidar a los interinos en fraude de ley que lleven cinco años en el puesto.

Es el caso de José Luis, conductor de autobús en Euskotren desde hace ocho años. «Entré en 2016 para cubrir vacaciones y me quedé. Estoy trabajando a la vez en las construcción porque me da miedo quedarme sin nada. Si me piden el B2 en la OPE no tengo opción de ser fijo», explica. «Yo me manejo para contestar en euskera a alguien que me pregunta dónde va el autobús, pero no llego a ese nivel».

Mientras se celebraba el juicio en el Superior vasco, ELA y LAB no solo se oponían a la demanda dentro de la sala, sino que también se manifestaron fuera. No es la primera vez que ocurre. Se repitió la semana pasada. LAB se concentró en los juzgados de San Sebastián por un caso muy similar, esta vez derivado de una demanda de CC OO. En ella impugnaba el proceso extraordinario de estabilización para personal de una residencia de la Diputación de Gipuzkoa en Eibar al dejar fuera a ocho cuidadoras por falta de perfil lingüístico. «Se exigía para el 100% de las plazas cuando el índice de obligado cumplimiento de la Diputación de Gipuzkoa es de un 63% de plazas con perfil preceptivo», señala el sindicato.

Según explica Alfonso Ríos, responsable de Euskera en la central, es ahí donde esta el problema y el motivo de las demandas judiciales: la brecha entre los perfiles lingüísticos que se deberían pedir según los parámetros establecidos en la ley de normalización del euskera y las elevadas exigencias que luego se plantean en las OPE. «El Índice de Obligado Cumplimiento (IOC), que se calcula según el conocimiento de la lengua en cada zona, ya supera con creces la demanda real. Y encima las Administraciones lo incrementan», se queja. Tanto CC OO como UGT defienden el impulso al euskera, pero «no a costa de los derechos laborales de miles de trabajadores».

En el otro extremo, ELA y LAB denuncian que las demandas ante los juzgados suponen un ataque a los derechos lingüísticos. Coinciden en reclamar que el euskera debe ser tratado como el castellano y que el sector público debe garantizar no solo la atención en euskera sino el derecho de los trabajadores a comunicarse en este idioma. «Nosotros obviamente no queremos que nadie sea despedido y exigimos flexibilidad. Pero no puede ser que un interino que no tiene el perfil de euskera se vea en igual situación que uno que lo tiene», señala Pello Igeregi, responsable de Negociación Colectiva. Explica que el sindicato no comparte el decreto de normalización del euskera y que los baremos que establece son mínimos.

Coincide en el discurso Urko Aierbe, responsable de Euskera en LAB. «Los índices preceptivos marcan unos mínimos y hasta ahora no había habido ningún problema con eso. Pero CC OO y UGT se han puesto en contra de la recuperación del euskera y cuentan con el apoyo ideológico de sectores de la judicatura. Ya hay 30 o 40 sentencias», denuncia. En el caso concreto de Euskotren asegura que ya en 2015 se firmó un convenio que preveía todo tipo de facilidades para aprender euskera. «No hay que olvidar que es tan oficial como el castellano», concluye.