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Como era previsible, la OPA amistosa lanzada por MásMóvil sobre Euskaltel desató ayer una avalancha de reacciones que se podían dividir en dos grupos. A un lado, el Gobierno vasco y también la patronal Confebask valoraron de forma positiva la operación. Destacaron que se ... trata de la unión de «dos empresas vascas» y que el movimiento, necesario en un mercado tan competitivo como el de las telecomunicaciones, colocaba a Euskadi en mejor situación para abordar el reto tecnológico. Al otro, toda la oposición, esta vez unida, así como los sindicatos ELA y LAB, censuraron una compra que pone en serio riesgo el arraigo de una empresa estratégica para Euskadi, creada con el impulso del PNV y un importante apoyo público.
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Mikel Madinabeitia
La división entre un bando y otro era clara así que, quizás, lo que más llamó la atención es que dentro de uno de ellos hubiese una voz discordante. Y no una cualquiera, sino la de alguien muy cercano al partido nacionalista. Se trataba de José Ángel Corres, el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, que conoce en profundidad Euskaltel porque fue su vicepresidente y consejero hasta hace relativamente poco. A diferencia del Gobierno vasco, él no ve una operación entre dos empresas vascas; lo que ve es que «se pierde una empresa vasca y viene una gran empresa internacional». «Es verdad que tiene su razón social en Gipuzkoa -señaló en referencia a MásMóvil-, pero he leído en prensa que sólo tiene una mesa y un despacho y las decisiones se adoptan más allá».
Corres reprochó al Gobierno vasco que no hubiese recurrido al fondo que tiene para afianzar en Euskadi a empresas estratégicas (Finkatuz) y compensar así la pérdida de posiciones de Kutxabank, que ha ejercido tradicionalmente de accionista vasco de referencia en la operadora. «Ya lo ha utilizado con CAF y Kaiku. Podría haber hecho lo mismo y evitado esta operación, otra cuestión es que haya querido o no». También apuntó que la absorción supondrá «un perjuicio» a nivel impositivo para Euskadi y que buena parte de los puestos de trabajo estén duplicados.
Sus objeciones a la operación contrastaron con la línea benévola mantenida por las patronales y el Gobierno vasco. Ya el propio domingo, cuando saltó la noticia de la OPA, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, salió rápidamente para señalar que conocía sus detalles y que la veía bien. El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Bingen Zupiria, ahondó ayer en este mensaje: «Estamos hablando de una OPA que se va a producir entre dos empresas que tienen su sede social en Euskadi». En representación del PNV, Itxaso Atutxa, presidenta del BBB, dijo algo muy similar mientras que la valoración de Confebask fue prácticamente calcada. «Es un pacto importante entre dos empresas importantes de este país que sitúa a Euskadi en otro nivel en el campo de las telecomunicaciones», señaló su presidente, Eduardo Zubiaurre. «Euskaltel había quedado en una situación débil», apostillaron con resignación en Cebek.
En el otro extremo, las críticas sonaron parecidas pese a venir de extremos opuestos del arco parlamentario. Por parte de EH Bildu, Arnaldo Otegi arremetió contra el PNV por «privatizar» Euskaltel: «Nos dijeron que el arraigo estaba asegurado, pero no. ¡Menudos gestores!». Elkarrekin Podemos-IU también criticó que no se haya mantenido en manos públicas, lo mismo que los sindicatos ELA y LAB. «Las instituciones vascas se han prestado al desmantelamiento del control público de Euskaltel», denunció el primero. Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ironizó sobre cómo «el nacionalismo» ha vendido su operadora «al mejor postor».
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