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La pérdida de arraigo empresarial y la salida de grandes e históricas compañías industriales de Euskadi es un problema creciente para el que ya no ... vale solamente la incentivación. El Gobierno vasco va a dar un paso más y analizará la reclamación por ley de las ayudas públicas ofrecidas a las empresas que salgan del País Vasco. Así lo han confirmado los grupos políticos que sostienen al Ejecutivo de Urkullu (PNV y PSE) al respaldar la toma en consideración de la proposición de Ley defendida este jueves en el Parlamento por EH Bildu.
La medida ha sido defendida en el pleno por el parlamentario de la coalición abertzale, Iker Casanova, y solo ha encontrado la oposición de la coalición de PP y Ciudadanos y de VOX. El PNV ha votado a favor del inicio de la tramitación de esta norma para «plantear una actitud proactiva en el debate» que «ya veremos qué forma le damos». El caso es que supone un paso más en la estrategia del Ejecutivo vasco que, hasta ahora se había mostrado más partidario de facilitar con regulación y flexibilidad la generación de un clima favorable a los proyectos empresariales.
Otra de las líneas desarrolladas por el Gobierno para poner freno a esta dinámica fue la creación de un fondo, Finkatuz, dotado con 300 millones de euros, para tomar participaciones en compañías en las que hubiera riesgo de deslocalización. Hasta ahora lo ha hecho con ITP, CAF, Kaiku y Arteche.
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El PNV entiende que esta iniciativa presentada por EH Bildu, más coercitiva, encaja también con otras normativas forales impulsadas en Bizkaia en 2007 y en Álava en 2016 «con las que nos sentimos cómodos». De ahí que su voto haya sido favorable a seguir desarrollando esta propuesta que busca disuadir a las empresas que analicen su salida de Euskadi con la reclamación de las subvenciones recibidas.
Desde el PSE también se ha respaldado avanzar en el debate porque se da «el marco y la idoneidad en este momento» para defender, además, «la columna vertebral del modelo económico vasco, que es la industria». Unidas-Podemos también ha votado a favor porque la «iniciativa es necesaria». Según ha explicado el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, se hace necesario frenar la deslocalización porque «es una herramienta que se emplea como amenaza para precarizar las condiciones de empleo y es un fenómeno que daña la economía vasca».
En cualquier caso, el desarrollo de la ley deberá afrontar las dificultades del espacio europeo. Y es que muchas de las ayudas y subvenciones gestionadas por el Gobierno vasco se nutren de financiación de la UE y no es sencillo reclamar esos fondos por el traslado de una empresa dentro del espacio europeo.
PNV y PSE también han señalado que la Ley del Régimen de Subvenciones, cuyo proyecto aprobó esta semana el Consejo de Gobierno para remitir al Parlamento, también es una herramienta que puede combinar con esta medida.
El goteo constante de venta de empresas vascas, principalmente en el sector industrial, ha venido levantando todas las alarmas por la pérdida del control en la toma de decisiones que se vienen trasladando a otros puntos fuera de Euskadi. El caso de más peso en los últimos meses ha sido el de Siemens Gamesa, que atraviesa un proceso de absorción por parte de la alemana Siemens Energy que terminará por disolver la antigua Gamesa.
Otros casos en los que el capital propietario de importantes compañías se ha ido fuera del País Vasco han sido el de Euskaltel o el de ITP Aero. Además, en la pequeña y mediana industria manufacturera muchas compañías familiares están siendo adquiridas por fondos de inversión ante las dificultades generadas por la subida de costes o por las derivadas del relevo familiar.
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