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El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha comparecido este viernes en el Parlamento para detallar la información de su Ejecutivo sobre la llegada de los fondos europeos a Euskadi. El montante asciende ya a un total de 1.800 millones ... que ha llegado o directamente a las empresas a través de las convocatorias de la Administración General del Estado en los diferentes Perte (Planes Estratégicos) o a través de las transferencias del Gobierno central al Ejecutivo autonómico para programas concretos pactados previamente en las conferencias sectoriales. Es el montante total desde que empezaran a recalar en el País Vasco las primeras ayudas en 2021.
Ahora, una vez aprobada la Adenda -anexo a los fondos europeos que el Gobierno de España ha pactado con Bruselas y reportará otros 80.000 millones, la mayoría en créditos blandos gestionados por el ICO- la atención del Ejecutivo vasco se ha centrado en su gestión. Azpiazu ha reclamado una mayor participación de su Gobierno y ha lamentando enterarse «por la prensa» de la aprobación de esta herramienta.
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La Adenda contempla 20.000 millones de euros en créditos para las comunidades autónomas y es ahí donde el Gabinete Urkullu reclama una participación directa a través del Instituto Vasco de Finanzas. El Gobierno pide «ejercer de intermediario y participar activamente en la canalización de la financiación a las empresas vascas». Según ha explicado Azpiazu, en la medida que el organismo del Ejecutivo ya trabaja con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -que canalizará las ayudas- es perfectamente viable.
La vía más cuantiosa ha sido la adjudicación directa a programas que ha gestionado el Gobierno vasco. Un total de 1.135 millones que ha recibido la administración autonómica y que representa el 4,7% el total de 24.163 millones repartidos entre todas las autonomías. La mayor parte de estas cantidades han aterrizado en el área de Desarrollo Económico (307 millones) para impulsar líneas de ayuda en la energía renovable, seguida de Vivienda y Transportes (245 millones), Educación (153 millones), Justicia y Políticas Sociales (140 millones), Trabajo (99 millones) y Turismo (87 millones).
Azpiazu también ha vuelto reiterar las críticas al Gobierno de España por la ejecución de las ayudas. Ha reclamado la participación de las comunidades autónomas en la decisión de financiación de proyectos estratégicos, y no solo en la ejecución de programas. Además, ha insistido en la necesidad de acelerar la ejecución de los 24.500 millones que, según ha explicado, tiene ya la Administración General del Estado y de los que gastado 6.350 millones, el 26%.
De todas estas partidas, según ha explicado Azpiazu, el grado de movilización a través de convocatorias que ha hecho la administración autonómica alcanza 826 millones, el 80%, aunque la ejecución con orden de pago se queda en un 57%. Entre estas ayudas están las subvenciones a la compra de coche eléctrico, la digitalización de la administración, el refuerzo de la formación profesional o las subvenciones a la rehabilitación de vivienda que, en Euskadi, contaban con 130 millones. Una partida que se agotó y dejó a varias solicitudes pendientes de pago para lo que el Gobierno vasco adelantó otros 60 millones el mes pasado.
En cuanto a los grandes proyectos estratégicos. El Ejecutivo autonómico ha contabilizado 672 millones adjudicados por el Gobierno de España a empresas vascas. Destacan los 316 millones para el coche eléctrico que se reparten entre otras compañías, Mercedes, Irizar, Sapa Placencia o la Corporación Mondragón. El siguiente capítulo más cuantioso son los 159 millones para proyectos de energías renovables y relacionados con el hidrógeno.
Otras partidas las componen 31 millones para el sector aeronáutico, con ITP, Aernnova y Aciturri como principales beneficiarios.
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