Euskadi podrá multar con hasta un millón por incumplir la ley de la cadena alimentaria

Las infracciones leves, las más comunes, supondrán multas de 250 a 3.000 euros; las graves, de 3.001 a 100.000 y de esta última cifra hasta el millón, las muy graves. La mayoría de estas irregularidades están estrechamente relacionadas con el precio de un producto y son las establecidas en el Título V de la Ley 12/2013. Todas las multas se harán públicas y, por norma, se conocerá los nombres de las empresas infractoras.

El borrador del decreto vasco, que desarrolla parcialmente la ley estatal de la cadena alimentaria, «se adapta a las peculiaridades» del sector primario en Euskadi y da «más seguridad jurídica», señalan a este periódico fuentes conocedoras del texto. A la vez, «adecuan el procedimiento sancionador a la realidad vasca de la cadena», algo que supone una «ventaja para su ámbito competencial».

El decreto del Gobierno vasco se sustenta sobre varios pilares. Los principales, el Código de Buenas Prácticas, que completa el que recoge la ley estatal actualizada en 2021; y el Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar productos y calcular costes de producción, un órgano colegiado y regulado por decreto y con participación de productores, distribuidores, sindicatos agrarios, mundo cooperativo, instituciones y consumidores.

Es clave el papel de Hazi, entidad bajo el paraguas del Gobierno vasco para impulsar la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria, que analiza los principales costes de las alimentos más importantes en el mercado vasco.

El Observatorio protege a todos los eslabones de la cadena, aunque se pudiera pensar en la protección exclusiva del baserritarra. El decreto también recoge una suerte de código ético para el sector, aunque la adhesión a él es «voluntaria». Como ventaja, se ofrece a las empresas formar parte de un registro de «buenas prácticas» y poder publicitar un sello haciendo gala de ello. Los firmantes se comprometerán a llevar a cabo prácticas «justas, equilibradas y leales» en el mercado.

Y por último, fija al Gobierno vasco como autoridad de ejecución para imponer las multas. La cuantía las marca la ley estatal pero el decreto faculta a Euskadi a llevar a cabo un procedimiento adecuado a la normativa y da «más seguridad jurídica».

La vigilancia de la cadena alimentaria está en plena ebullición estas semanas con las tractoradas de protesta, que en Álava volvieron ayer en Júndiz y en Gipuzkoa saldrán de nuevo a las carreteras mañana viernes.