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Las empresas que realizan obras para el Gobierno de Vitoria, las diputaciones o los ayuntamientos vascos podrán plantear un incremento en la cantidad a cobrar de hasta un 20%.
Fuentes del Ejecutivo autonómico confirmaron ayer a EL CORREO que el Gobierno prepara para el mes ... de abril la adaptación de la normativa que aprobó la Administración central: un Real Decreto con medidas excepcionales para la revisión de precios en los contratos públicos, y que abre esta vía a las autonomías para actualizar los importes de su obra pública y ayudar al sector de la construcción a hacer frente a la subida de costes.
Actualmente hay en Euskadi 615 obras en ejecución encargadas por las distintas administraciones, según se desprende de la Plataforma de Contratación Pública del País Vasco. De ellas, 56 son obra de vivienda encargada por la sociedad pública VISESA.
El encarecimiento de suministros que empezó a apuntarse el verano pasado, y que se ha visto agravado por la invasión de Ucrania, ha sido uno de los quebraderos de cabeza para el sector. Y es que tener que hacer frente a las adjudicaciones de obra pública con unas condiciones de precio que han reventado las subidas de las materias primas, ha comprometido muchos de esos encargos. Así, en los últimos tres meses han quedado desiertos medio centenar de concursos para obras que las administraciones vascas habían intentado adjudicar por valor de 17 millones de euros.
El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi), Iñaki Urresti, recuerda que el incremento de precios de suministros clave se ha situado entre el 50% y el 60%. Por eso, señala «la importancia de que el Gobierno vasco haga suya esta normativa».
Las empresas que puedan argumentar una subida de al menos un 5% durante el 2021 en la adquisición de productos siderúrgicos, de aluminio, cobre o derivados del betún de alquitrán, podrán tramitar ante la institución que les ha contratado una subida de sus honorarios de al menos el 20%.
Las ayudas dejarán fueran el coste energético y el de los combustibles, cuyos incrementos no serán cubiertos a la espera de la solución global que el Gobierno determine para el control de su precio. Una postura que no convence al sector, al excluir elementos básicos para la actividad como son las mezclas de cemento, que han disparado sus costes.
Mientras tanto, la actividad de la promoción inmobiliaria también acusa las consecuencias de la crisis. El presidente del cluster Eraikune, Alberto Marín, señala que hay empresas, especialmente las pequeñas, «que van a sufrir mucho» dado que han incurrido en una deuda importante para desarrollar las viviendas sobre una previsión de costes disparada.
Desde Neinor también consideran que «habrá muchas empresas que no puedan superarlo» y reconocen que puede haber «pérdida de promoción nueva», pero confían en un mercado que todavía tiene mucho desarrollo. De hecho, fuentes de la empresa señalan que mantienen sus previsiones de entregar 3.000 viviendas en el conjunto de España en este 2022.
El consejero delegado de Jaureguizar, Miguel Salaberri, también admite problemas puntuales ahora que se retrasa el inicio de algunas obras, pero explica que el mayor problema es «el encarecimiento de los materiales y de la energía», así como la falta de mano de obra. Aún así, desde la compañía recientemente adquirida por Urbas también mantienen el 'planning' de entregar este año 800 viviendas, 500 en venta y 300 para alquiler.
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