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«Lo primero que hacen las compañías cuando analizan un emplazamiento es preguntar por el enchufe; y el problema es que nosotros no lo tenemos».
El consejero de Industria, Mikel Jareugi, recurría recientemente en una entrevista concedida a EL CORREO a una imagen gráfica para explicar el grave problema de la red eléctrica en Euskadi. Una alerta sobre la que el lehendakari, Imanol Pradales, esta semana elevó los decibelios al señalar que no puede ser que la saturación de la red «cortocircuite proyectos de inversión». Un llamamiento con tintes de urgencia para que la voluntad política empuje a la toma de decisiones en el Ministerio de Transición Ecológica elevando los topes de inversión que tienen los gestores del sistema.
La demanda eléctrica crece por la apuesta por la nueva movilidad. Los coches eléctricos y sus cargadores requieren más energía en forma de electricidad.
Pero no solo son los coches. La apuesta por la descarbonización es total: también se estimula la sustitución de combustible por electricidad en las industrias.
Además de las industrias ya implantadas, los nuevos proyectos van a requerir mucha energía: la ampliación de Mercedes, la planta de baterías Basquevolt, los centros de datos…
Al mismo tiempo, la generación eléctrica está cambiando. Ahora se produce todo lo posible por métodos renovables, mediante parques eólicos o fotovoltaicos, aunque no se crean tantos parques como se necesitan.
Además, algunos de los proyectos, como la generación de hidrógeno con energía verde, requieren mucha energía y que esta provenga de fuentes renovables.
El auge del autoconsumo -en el que comunidades de vecinos o individuos instalan sus placas solares- también implica mayor trabajo para las redes, pues los puntos de inyección de energía se multiplican con cientos de pequeñas instalaciones.
Ante un cambio en la demanda y un cambio en la producción de electricidad, se hace necesario cambiar la red que la transforma. Eso requiere inversiones y digitalización.
La falta de regulación para permitir la actualización de la red está provocando que no esté preparada para dar respuesta a toda la demanda.
Es una situación que está impactando de lleno en el mundo empresarial que tiene en la energía un punto clave para poder competir y dar paso a la nueva industria por la que quiere apostar Euskadi.
Hace falta invertir en las redes. Las empresas gestoras tienen capital y piden al Gobierno que eleve los topes para ello. ¿Es cuestión de voluntad política?
AUX STEP FOR JS
Se trata de un problema que ahoga a Euskadi –también al resto de comunidades autónomas–, pero que ha ido creciendo de modo latente desde hace años y que, a falta de respuestas políticas, ha terminado por hacerse extremo. Un buen ejemplo de las consecuencias de cuando la gestión se va centrando en lo urgente y no en lo importante. El caso es que hoy la falta de red en el País Vasco es, a la vez, urgente e importante.
Desde las patronales empresariales vascas advierten del problema que supone para muchas empresas la lentitud de respuesta a las solicitudes de más potencia o nuevas conexiones. El director general del clúster vasco de la energía, José Ignacio Hormaeche, asegura que ya un «riesgo estructural porque si queremos realizar una apuesta por la industria no vamos a llegar. Hay empresas instaladas que hoy ya están con problemas graves».
Así lo demuestran los últimos datos de la demanda de potencia de las empresas en Euskadi. En los últimos tres años han multiplicado por ocho las peticiones pasando de 50 MW en 2020 a más de 900 MW el pasado ejercicio. Toda la petición de electricidad que se ha realizado en el País Vasco ascendió a más de 2.000 MW, que es más del triple de la toda la potencia de generación de energía renovable instalada en Euskadi. Y solamente en 2023 y 2024 las solicitudes suponen sobrepasar en un 20% la potencia eléctrica de la industria vasca.
Javir Arriola
Director de la Región Norte de i-DE
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Euskadi no tiene enchufe y qué hay que hacer para tenerlo? El director de la Región Norte de i-DE, la empresa de distribución eléctrica de Iberdrola, Javier Arriola, señala que «se ha saturado la capacidad de la red actual en muchos puntos», una situación que obliga al gestor a denegar la mitad de las conexiones que están reclamando las empresas. La situación, continúa Arriola, «implica que se desaprovechen oportunidades, algunas muy maduras, ligadas a proyectos industriales».
Las afecciones han llegado a importantes empresas, como a la planta de Mercedes en Vitoria. Las instalaciones de la multinacional alemana afrontan una importante inversión de mil millones para poner en funcionamiento la fábrica para la nueva plataforma eléctrica de Mercedes, VAN.EA. Unas actuaciones que estuvieron pendientes varios meses de una actuación en la subestación de la capital alavesa para que se garantizara el suministro al nuevo proyecto.
Tampoco ayuda al futuro de proyectos estratégicos como la fábrica de baterías vasca BasqueVolt. El proyecto impulsado por el Gobierno vasco en su pleno desarrollo necesitará un abastecimiento eléctrico como el de toda la ciudad de Vitoria. Otras iniciativas intensivas en energía como los centros de datos también quedarían afectadas. Así las cosas, el panorama no es el mejor cuando Euskadi se está planteando una reindustrialización que además quiere liderar en España y en el conjunto de la UE. Y es que el problema ya no es la dependencia energética –de cada diez watios que consumen los vascos, siete vienen de fuera– o la falta de proyectos renovables, sino las dificultades del sistema para dar acceso a la electricidad generada fuera.
La solución, como explica el directivo Iberdrola, pasa por la inversión. Arriola insiste en que es necesario «invertir tres veces más de lo que se hace en la actualidad». El Gobierno vasco hace cuatro años cuantificó en 823 millones la cantidad necesaria para actuar en la red permitiendo la electrificación de la industria y la digitalización del sistema. Fue uno de los proyectos que elaboró para buscar financiación con los fondos europeos junto al Ejecutivo central.
La cifra da una pista del volumen de gasto necesario. Pero, eso no es tanto el problema, como explica Hormaeche, porque «hay capital». Y es que entre los gestores del sistema hay empresas que están pidiendo al Gobierno elevar el tope a la inversión. La cuestión es que la distribución de la luz en España es un monopolio con precios regulados, luego estos gastos en la red repercuten, además de en los Presupuestos Generales del Estado, en lo que pagan los consumidores.
El Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a lanzar el año pasado el plan de distribución que recoge y ordena todas las inversiones en la red que se estiman en más de 50.000 millones para toda España. Para ello, solicitó a las empresas sus propuestas de topes de inversión, que recibió en julio. Ahora, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha relanzado el proyecto con una ronda de contactos con las comunidades autónomas para fijar las prioridades.
Es este el proceso sobre el que lehendakari pidió este miércoles mayor «voluntad política». Los problemas no quedan aquí ya que en el caso de lograr avances también hay que lidiar con el rechazo social que generen las infraestructuras de alta tensión. En Euskadi el proyecto que se ha presentado para unir Álava con Bizkaia ha sido respondido con contundencia por los vecinos de numerosos municipios, como ha ocurrido también con el de Forestalia que se plantea para traer energía desde Aragón.
La red de distribución eléctrica está saturada, pero ¿por qué hemos llegado a este punto? Para entender la situación es necesario conocer cómo funciona el sistema de distribución. Es un mercado en monopolio que reparte la gestión en función de las redes. La de alta tensión corresponde a la sociedad pública Red Eléctrica, y de la de media tensión se encargan las compañías comercializadoras con mayor cuota de mercado en cada comunidad autónoma, en el caso de Euskadi, Iberdrola. Estos servicios tienen el precio regulado por el Gobierno. Además, las inversiones en estas infraestructuras, en la medida en que repercuten sobre la financiación pública, también están limitadas. Red Eléctrica no puede destinar más de un 0,0065% del PIB a la red de alta tensión y las compañías no pueden realizar inversiones que superen en conjunto el 0,13% de la producción del total de la economía española.
Pero la red eléctrica debe adaptarse a la nueva realidad en la que la electrificación crece. ¿De qué serviría tener coches eléctricos si no podemos conectarlos a cargar? ¿Para qué construir un parque eólico si no puede evacuar su generación? ¿De qué le sirve a una empresa beneficiarse de deducciones fiscales para cambiar un horno de gas por uno eléctrico si no puede enchufarlo?
El responsable del clúster de energía de Euskadi, José Ignacio Hormaeche, explica que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) «ha fijado unos objetivos de generación y demanda de energía mientras que la regulación de las redes no ha avanzado en consecuencia».
Así, el PNIEC promulga un avance de la electrificación de hogares y empresas para abandonar el uso de combustibles fósiles. Son actuaciones que el Gobierno estima que elevarán la demanda eléctrica hasta 2030 en un 34%. También se fijan los objetivos para modificar el parque de generación de electricidad dando más peso a las renovables.
Por lo tanto, se cambia el modo de consumir y de obtener electricidad con un plan que requiere más conexiones, pero no se han previsto los pasos necesarios para adecuar la red, que se va sobrecargando sin poder dar respuesta a la demanda.
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