Euskadi tiene 55.000 trabajadores con riesgo de estar en el paro de por vida

¿Cuántos son? La catedrática de la UPV Sara de la Rica, considerada una de las máximas autoridades españolas en la materia, estima manejando datos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y del Instituto Nacional de Estadística, que hay unas 55.000 personas «totalmente cronificadas en el desempleo y cuya probabilidad de encontrar un trabajo es casi nula». Hay jóvenes, hay mujeres y hay, sobre todo, mayores de 45 años: son unos 35.000, en su mayoría féminas -20.000-.

La solución al problema no es ni única ni fácil, pero los cinco expertos que han aceptado reflexionar sobre ello para EL CORREO coinciden en que, si se quiere, si hay voluntad, hay fórmulas para mitigar la situación. Todas requieren mucha sensibilidad política y social para traducir esta preocupación en dinero y formación.

En cualquier caso, y en torno a la cifra tótem del 10%, la profesora De la Rica piensa que «mientras tengamos esos 35.000 desempleados mayores de 45 años, la tasa de paro no bajará mucho del 10%». Pero «a medio plazo, a medida que esas personas vayan transitando hacia la jubilación, la tasa de paro en Euskadi puede bajar sustancialmente hasta alcanzar el 5%. Claro está, siempre que se siga creando actividad y, con ello, empleo».

La catedrática Sara de la Rica cree que lo fundamental es dibujar bien quiénes componen la bolsa de 55.000 personas en un paro cronificado para buscar alguna solución. Los menores de 30 años (unos 2.000) presentan «niveles educativos muy bajos». En el caso de los comprendidos entre 30 y 45 años, lo tienen «mucho más complicado» las 12.000 mujeres que hay. Intuye que su situación está relacionada con la maternidad. De hecho, alrededor de un tercio tienen estudios superiores. Y el grueso del colectivo, los mayores de 45 años -35.000- suma dos dificultades, su edad y su nivel educativo, aunque muchos -8.000- tienen estudios superiores. «Posiblemente han caído en el desempleo en la crisis y, aunque están bien formados, la edad juega un papel muy pernicioso».

En suma, «la cronificación del desempleo afecta a personas con fortalezas y debilidades muy diferentes». En el caso de los jóvenes, está unida a la falta de formación, y por tanto, «la solución debe ir por conseguir que estas personas completen la formación que en algún momento abandonaron». La FP, «quizá en su forma dual, podría ayudar». Por tanto, la profesora «no diría, ni mucho menos, que este colectivo no tiene posibilidades».

Para el grupo de mediana edad, el problema grave lo tienen las mujeres que llevan más de un año en el desempleo. Como «les está resultando muy difícil salir, quizá haya que pensar en intervenciones positivas hacia la contratación de estas mujeres». Sobre los mayores, De la Rica incluye una precisión. «No son un colectivo homogéneo, es muy diferente una persona de 48 años que una de 62». Por ello, «es necesario pensar en medidas diferentes para personas con características diferentes. Es necesario realizar un diagnóstico personalizado a cada uno, mirar la demanda de empleo de los lugares donde estas personas residen y ver si se les puede activar para que adquieran competencias que el mercado está solicitando». Aunque lo cierto es que es «difícil» porque se demandan perfiles cualificados y con competencias técnicas, y esto no es fácil de adquirir, y menos a ciertas edades».

A juicio de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, «es determinante conocer las características sociodemográficas, formativas, laborales o motivacionales y la situación de inicio de cada inscrito en Lanbide». De ahí, dice, que la modernización del Servicio Vasco de Empleo persiga «ofrecer un acompañamiento individualizado y con itinerarios personalizados para establecer modelos concretos» que 'rescaten' a esos desempleados con negras perspectivas.

El Ejecutivo, que durante 2017 ha destinado 269 millones «que han tenido como resultado incentivar más de 15.000 empleos, la creación de 1.557 empresas y que más de 6.000 jóvenes hayan tenido una primera oportunidad laboral», es consciente de que «no todas las personas se encuentran en el mismo punto de partida» y que, por tanto, no se puede tratar a todo el mundo por igual. Por ello ha lanzado un plan de inclusión, hasta 2021, que parte de la premisa de que el empleo, «entendido como trabajo de calidad», es «un factor esencial de inclusión, tanto por el componente económico como por su valor de realización personal y satisfacción vital».

- ¿Y qué puede hacer Lanbide?

- Pues apoyar iniciativas que faciliten el acceso al mercado protegido y el tránsito de éste al empleo ordinario. En las empresas de inserción, el 78% de los trabajadores han sido perceptores de la RGI. En Euskadi, las personas con discapacidad tienen la tasa de actividad y de empleo más alta a nivel estatal y la más baja de paro. Debemos seguir trabajando para mejorar este buen posicionamiento y que nadie quede atrás.

Andreu Cruañas, el presidente de Asempleo, la patronal de las ETT, considera que hay «una tasa de paro friccional, que es el que incluye a las personas que están en transición de un empleo a otro, el tiempo que tardamos en encontrar un empleo acorde con nuestra cualificación, necesidades o intereses, y que se suele situar entre el 3% y el 5%». Y en este sentido, «el hecho de que el País Vasco tenga una tasa de paro próxima al 10%, no obsta para que pueda continuar reduciéndola, como ha hecho en los últimos cinco años, desde el 16,58%, y continuar el descenso hasta los niveles precrisis, en el entorno del 6,5%».

La 'receta' de Cruañas es «seguir mejorando la orientación profesional y la formación de los trabajadores, con especial incidencia en el modelo de formación dual vasco, que es referencia en nuestro entorno económico; y facilitar también una intermediación laboral eficaz que conecte las demandas de las empresas con candidatos más polivalentes y con disposición a mayor movilidad». Para ello hay que «combinar las posibilidades que ofrecen los agentes públicos con la experiencia de las agencias de empleo y empresas de trabajo temporal», a las que representa.

El líder de ELA, Adolfo Muñoz, 'Txiki', recuerda que la tasa de paro media de la Europa comunitaria es del 7,3% y que el nivel de desempleo en Euskadi, aunque menor que el del conjunto de España, «es de los más elevados de la UE». Por ello, «no es ninguna victoria que la tasa sea inferior al 10%». Sobre todo, agrega, «si eso se logra en base a un empleo miserable».

A su juicio, lo que está sucediendo es «un grave empobrecimiento de la clase trabajadora». Así, «el 62% de las personas en paro no percibe ninguna prestación por desempleo» cuando hace 5 años ese porcentaje era del 32%. Además, las prestaciones por persona perceptora se han recortado. En suma, «se protege a menos personas y con una menor prestación. Con la reducción del gasto en prestaciones se podría financiar dos veces el total de dinero destinado a la RGI».

Muñoz subraya que «la pobreza se extiende como nunca a quienes tienen empleo. No conocíamos los actuales niveles de miseria laboral. Tienes empleo y eres pobre de solemnidad». Y en el caso de los parados crónicos, sus expectativas son, en la mayoría de los casos, «un puesto precario, mal pagado, temporal o a tiempo parcial, normalmente en situación de fraude. Esto es más generalizado si eres mujer».

Un panorama en el que Muñoz ve responsables. «Se condena cada vez a más gente al paro, a la precariedad y a la desprotección social, y existe una gran responsabilidad política. Los gobiernos conviven, ahora en fase de crecimiento, con un aumento sin parangón de las desigualdades sociales.»

Loli García, la secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi, considera que «no es aceptable una tasa de paro del 10% ni su categorización como estructural», ya que es tanto como «poner el foco en la responsabilidad de las personas paradas con respecto a su propia situación de desempleo». Es un enfoque que «olvida elementos fundamentales como la falta de oportunidades laborales y la calidad de las mismas, el papel del empleo público y de los servicios públicos de empleo o el modelo productivo y de relaciones laborales».

Su sindicato reivindica «el papel del empleo de calidad como la variable principal del desarrollo económico y de una política de empleo que implique la estabilidad en la contratación, la tutela contra el despido injustificado o la promoción de la formación permanente, además de la puesta en práctica y fortalecimiento de políticas de protección por desempleo que eviten situaciones de exclusión y de precarización».

García plantea un itinerario con cinco etapas. La primera es «desarrollar un servicio público vasco de empleo bien dimensionado que diseñe, ejecute y evalúe las políticas de empleo». La segunda, «un plan específico en Euskadi de la inspección de trabajo para la lucha contra la precariedad laboral que incluya el seguimiento exhaustivo en los procesos de expedientes de regulación de empleo para así impedir despidos en los casos de empresas con beneficios actuales o recientes o que estén siendo objeto de subvenciones públicas».

Su tercera propuesta es «desarrollar el sector público y aumentar el empleo en los servicios relacionados con el Estado de Bienestar, como sanidad, educación, servicios sociales o dependencia». La cuarta, «limitar el uso de prácticas y becas como entrada obligatoria al mundo laboral de las personas jóvenes». Y, por fin, «inversión pública en sectores y proyectos estratégicos que impulse un cambio de modelo productivo, más intensivo en el sector industrial, y en la apuesta por una economía basada en el conocimiento y en el valor añadido frente a la competitividad basada en los costes laborales».