Estibadores y empresas siguen muy lejos del acuerdo a solo un día de la reunión definitiva con Trabajo

Pero las posibilidades de llegar a esa solución negociada parecen muy remotas a tenor de lo que se ha visto hoy en la reunión bipartita que se ha celebrado en la sede bilbaína del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). En el encuentro, los sindicatos de la estiba –Coordinadora, UGT, ELA, LAB y Kaia– han expresado su rechazo al grueso de la última propuesta de la patronal –Bilboestiba, que agrupa a las empresas Cosco, Bergé, Toro y Betolaza y S.L.P.–, que les llegó a última hora de la tarde del 5 de enero.

Para poder analizarla con detenimiento, el comité de Bilboestiba pidió que se retrasara a hoy la reunión, donde no se ha logrado acercar posiciones. Solo se ha producido «algún tímido avance en cuestiones relacionadas con la jornada y los descansos», han señalado tanto desde la patronal como desde los sindicatos. «Nos emplazamos a la reunión del día 13», han puntualizado desde Coordinadora, el sindicato con más peso. «No nos gusta la propuesta, pero no cerramos la puerta a seguir negociando», han añadido en ELA.

El gran escollo en las negociaciones sigue siendo la garantía de ocupación y, muy ligado a esto último, las tareas complementarias, que suponen el 35% de la carga de trabajo de los estibadores. Las empresas han dejado claro desde el principio que estas labores han quedado fuera de la órbita de la estiba por Ley y, de hecho, ya las están contratando con otro personal diferente. Los sindicatos reivindican su desempeño porque solo así ven la posibilidad de obtener la seguridad de empleo que reivindican para la plantilla fija –320 estibadores– y el centenar de eventuales de Randstad, con los que están muy vinculados. El bajón de tráfico producido por la huelga y la pandemia hace aún más difícil cualquier compromiso.

Ante este enfrentamiento, es muy difícil pensar en un acuerdo, aunque ambas partes reconocen el gran poder de persuasión la directora de Trabajo, Verónica Martínez, una asturiana de 40 años. Si no hay solución negociada, las empresas habían pedido que se active el arbitraje obligatorio, algo que depende del Ministerio de Trabajo y que hasta ahora Yolanda Díaz ha rechazado.