La España de las subvenciones

La necesidad de una política de subvenciones beligerante ha sido claramente entendida en España como reacción a las crisis Covid y a la derivada de la guerra en Ucrania. Las políticas de austeridad generalizada aplicadas tras la gran crisis de 2008 causaron paro y pobreza y la recuperación económica tardó muchos años en llegar. De modo que la reacción fue espectacular. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo añadió un despliegue nunca visto de donaciones a fondo perdido. Y en buena hora.

La cuantificación de las ayudas en España es pública y se encuentra en la página del Ministerio de Hacienda, bajo la rúbrica de 'Sistema nacional de publicidad de Subvenciones y Ayudas públicas'. El importe de las ayudas concedidas desde 2020 asciende a 205.374 millones de euros. La Administración central ha concedido el 69% del total, mientras que las comunidades autónomas han concedido el 26% y las entidades locales el 5%. A 31 de diciembre de 2022 aparecen publicadas 22 millones de concesiones.

Las ayudas Covid alcanzaron los 123.000 millones de euros. Paralelamente, la UE creó el plan Next Generation EU, con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como su principal instrumento de financiación. El MRR asciende a 723.800 millones de euros en subvenciones y préstamos, recaudados por la CE mediante la emisión de bonos bajo titularidad de la propia UE.

El Plan español se articula en un conjunto de inversiones a realizar entre 2021 y 2023 financiados con más de 150.000 millones de euros en el periodo 2021-26, la mitad a fondo perdido. Hasta finales de 2022 se han publicado 1.864 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas financiadas con el MRR. Las comunidades autónomas han registrado 1.402 convocatorias y el Estado 327. El total concedido asciende a 12.615 millones de euros.

La bondad de las subvenciones se da por demostrada. Pero al margen de las criticas habituales volcadas sobre el sector público, tales como la escasa equidad o transparencia, la alta carga burocrática de los procedimientos administrativos, la excesiva documentación requerida, la tardanza en la resolución y en mayor medida en la llegada de la ayuda, y otras más, las subvenciones encierran peligros mayores para el eficiente funcionamiento del mercado. La AIReF ha sido a menudo muy crítica con la política de subvenciones, destacando la ausencia de vinculación entre políticas, planes sectoriales, programación presupuestaria y planificación estratégica de las subvenciones.

En determinadas circunstancias, las ayudas públicas pueden distorsionar la competencia en los mercados en contra del interés general. Simultáneamente, subsidios a unidades poco productivas reducen la productividad del sector al aumentar su número en la renta nacional.

En el sector empresarial es frecuente criticar la subvención a empresas 'zombis' o ineficientes que debilitan la salud de las verdaderamente eficientes, a las que sería más importante preservar. En aquellas unidades de producción más modestas, incluida el sector de autónomos que emplean a operarios con retribuciones próximas al salario mínimo, se halla generalizada la queja de la difícil contratación de nuevo personal, ya que las ayudas que reciben por desempleo y otros conceptos desalientan su acceso al trabajo, donde el beneficio del salario percibido sobre las subvenciones disfrutadas es mínimo, nulo o negativo. En estos casos la subvención estimula el llamado riesgo moral. Este lamento es particularmente habitual en el sector de la hostelería.

Bruselas vigila este ámbito de subvenciones ineficientes y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en nuestro país actúa de guardián de la legalidad.

Macro económicamente los 'pros' de las ayudas superan probablemente a las desventajas, pero el fraude o la picaresca siempre están listas para sacar provecho ilícito de unos fondos que en última instancia provienen de los contribuyentes.