Escrutinio al Ibex

Hoy en día, las empresas, todas, las grandes y muchas de las medianas, se han dotado de sistemas de 'buen gobierno' que incluyen una prolija batería de normas dirigidas a impedir la comisión de delitos societarios y toda una serie de actuaciones previstas para castigarlos cuando se producen. Las comisiones de ética y cumplimiento han venido a reforzar la actuación de las tradicionales y más habituales comisiones de auditoría. Sin duda alguna, es una evolución positiva que se integra en los usos y costumbres mercantiles internacionales. Pero, para que sean creíbles, han de demostrar que cumplen su función cuando se producen casos que terminan judicializados, aunque sea a nivel indiciario. Todos los órganos de gobierno deben velar por el buen nombre y el bien hacer de las empresas a las que representan. La reputación es una de sus primeras y más importantes responsabilidades y su defensa no puede resumirse en un mero apunte de 'embellecimiento' de las memorias de las sociedades.

Ayer, Iberdrola aseguró que todas sus actuaciones están dentro de la legalidad. Ninguna noticia sería mejor para sus empleados, sus accionistas, sus proveedores y el entorno que la acoge, que la confirmación judicial definitiva de ello. Con el respeto debido a la actuación y a los tiempos de la Justicia, también cabría recordar que el mero inicio de estas investigaciones causa un serio perjuicio a las empresas afectadas, lo que aconseja su rápida tramitación, con las garantías y las seguridades procesales que exige lo delicado de estos asuntos.