Entran en vigor los cambios sobre la evaluación de los funcionarios

En concreto, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo de mejorar la productividad para, a su vez, incrementar la calidad del servicio público.

Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública que decayó por la convocatoria de elecciones, «se plantean en positivo», según el Gobierno, por lo que «en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen». En el caso de que un empleado público no tenga resultados satisfactorios en las mismas, «se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño».

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo.