E. C.
Bilbao
Miércoles, 30 de octubre 2019, 13:47
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, TSJ, ha confirmado este miércoles en una sentencia la legalidad del despido de los 174 trabajadores que componían la plantilla del astillero La Naval de Sestao. El fallo contiene el voto particular de uno de los tres ... magistrados que era partidario de declarar nulo el ERE . La decisión del tribunal, aunque puede ser recurrida ante el Supremo, elimina muchas incertidumbres y puede permitir relanzar el proceso de búsqueda de un nuevo empresario que quiera retomar la actividad de construcción de buques en sus instalaciones. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, se ha mostrado optimista en varias ocasiones respecto a este proceso de búsqueda de inversores.
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Los trabajadores fueron despedidos el pasado mes de marzo por decisión del Juzgado Mercantil de Bilbao que supervisaba el procedimiento concursal, que ha concluido en quiebra de la compañía y en la apertura de un proceso de liquidación. Los sindicatos ELA, CC OO y CAT, sin embargo, decidieron recurrir el despido al entender que en la tramitación del ERE se habían producido defectos importantes. En concreto, no se les concedió la petición de que fuesen llamados a consultas los representantes de varias empresas que eran accionistas de La Naval. En concreto de Ingeteam y Astilleros Murueta, accionistas principales del astillero , y sobre los que la representación sostenía que podían constituir un grupo empresarial junto a La Naval, debido no sólo a la participación accionarial sino también a las relaciones comerciales entre estas sociedades.
A finales de septiembre ya se pudo intuir que el fallo del Tribunal se iba a producir por mayoría y no por unanimidad –dos magistrados eran favorables a rechazar el recurso y otro a admitirlo- después de que el Tribunal Superior anunciase que se iba a producir un cambio de ponente en la sentencia. Una situación que suele producirse cuando el ponente, como ha sucedido en este caso, sostiene una posición que queda derrotada en la votación de los magistrados. El voto particular del magistrado José Luis Asenjo Pinilla se inclinaba por la aceptación del recurso presentado por los sindicatos, al entender que debían haberse admitido sus solicitudes de información en el periodo de consultas del ERE.
La sentencia del Tribunal Superior sostiene que las condiciones económicas que derivaron en el procedimiento concursal de La Naval justifican el despido de la totalidad de la plantilla, ante la imposibilidad de reanudar la actividad. Entre los años 2012 y 2018 la empresa perdió la friolera de 218 millones de euros debido a la incapacidad para gestionar la acumulación de pedidos y también al haber tirado los precios en el momento de contratación de los buques. El Juzgado Mercantil número 2 de Bilbao determinó que la quiebra fue fortuita, lo que hay que interpretar como la ausencia de mala fe en la gestión, aunque todo apunta a que fueron numerosos los errores del equipo directivo que condujeron a la desaparición del astillero.
Como consecuencia del despido, los extrabajadores de La Naval tienen derecho a recibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por cada año de antigüedad en la empresa, con un máximo de doce mensualidades. Esa indemnización deberá ser abonada por el Fondo de Garantía Salarial ya que la empresa no tiene fondos para hacer frente a su pago. De los 174 trabajadores que componían la plantilla, 150 tenían derecho a reincorporarse al astillero público Navantia. La Naval pertenecía al Estado hasta 2006, año en que fue privatizado el astillero vizcaíno y esa era una garantía que habían negociado los sindicatos CC OO y UGT ante la eventualidad de una quiebra. Según los últimos datos que se han facilitado, 81 de ellos habían optado por incorporarse a alguna de las instalaciones de Navantia, en Galicia, Andalucía o Madrid, al tiempo que 69 habían negociado una compensación económica para renunciar a ello, que oscilaba entre 120.000 y 160.000 euros, en función de la antigüedad.
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El administrador concursal, el profesional que dirige la liquidación por encargo del juzgado, había solicitado ya dos prórrogas del periodo de ofertas por el astillero. La razón es que nadie quería asumir compromisos de compra de las instalaciones hasta que estuviese completamente cerrado el procedimiento judicial en torno al despido de la plantilla. En definitiva, los nuevos inversores –al parecer hay dos grupos interesados en hacerse con el astillero- preferían tener las manos completamente libres en materia laboral. La posibilidad de terminar un buque que está en el astillero a medio construir, una draga de succión, es el principal aliciente que puede animar a los inversores a rescatar la actividad industrial en el astillero de Sestao.
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