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La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, volvió a asegurar ayer en el Parlamento vasco que «la sede social, el mantenimiento del centro de empleo y las actuaciones» de Euskaltel en el País Vasco «están a día de hoy garantizadas». Una afirmación que ... apoyó en el hecho de que el 25% de la teleoperadora «está en manos vascas», y en que la empresa está demostrando con las «acciones que toma» su «compromiso con el desarrollo tecnológico y con las empresas del país».
Tapia trató de disipar así los temores expresados por el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, quien la interpeló en el pleno de control al Ejecutivo autonómico sobre la intención expresada por el fondo británico Zegona, el accionista mayoritario de Euskatel, de vender la red de fibra óptica de la compañía vasca para financiar así su plan de crecimiento, con lo que ello podría suponer de riesgo de su desarraigo de Euskadi.
A este respecto, la consejera recordó las declaraciones del consejero delegado de Euskaltel, José Miguel García, publicadas el pasado domingo en este periódico, en las que manifestaba que «hoy por hoy no se plantea la venta de la red». Tapia incidió en que sólo un socio, «que no es mayoritario» -aunque reconoció que es «el que mayor porcentaje tiene», con un 21%-, ha planteado la venta de la red. «No he oído ningún tipo de planteamiento por parte de ningún otro socio», dijo, e hizo hincapié en que esa posibilidad ni siquiera ha llegado al consejo de administración de la empresa, «que es donde se toman esas decisiones». Y no en Londres, la sede de Zegona -añadió-, como previamente había señalado el parlamentario abertzale, ya que «con un 21% no se tiene la mayoría».
Arantxa Tapia
En su interpelación, Casanova afirmó que se estaba cebando a Euskaltel, «hacerla más gorda y más apetecible» para «ponerla en el escaparate» y «pegar el gran pelotazo». Además, recordó que la red vasca de fibra óptica fue pagada «con dinero público» y «por 68 millones de euros se malvendió en agosto de 2012» a Euskaltel «por decisión del Partido Socialista y del PNV, con apoyo del Partido Popular».
El parlamentario de EH Bildu considera que «desde hace mucho tiempo todas las alarmas y todas las luces rojas están encendidas», en relación al riesgo de pérdida de Euskaltel. Por ello, pidió al Gobierno vasco que «revierta» un camino «que se ha demostrado sobradamente equivocado» porque «pone en peligro el empleo, la calidad y el futuro de una empresa tecnológica fundamental para este país».
Iker Casanova
En este sentido, instó al Ejecutivo de Vitoria a que utilice su fondo de inversión dirigido al arraigo de empresas estratégicas para, junto a las fundaciones bancarias -en referencia a las propietarias de Kutxabank-, articular entre todos «una inversión significativa para entrar en Euskaltel y espantar a Zegona». Precisamente sobre Kutxabank señaló que «algún día tendrá que dar explicaciones» sobre la estrategia, que califico de «absolutamente irresponsable», de «desinversión en este país».
En su réplica, Arantxa Tapia remarcó el hecho de que a pesar de las vicisitudes accionariales por las que ha atravesado Euskaltel en los últimos años, ni se ha marchado ni se ha vendido su red. Es más, la consejera añadió que Zegona «sigue manteniendo los compromisos adquiridos previamente» a su llegada a la teleoperadora vasca e incluso «introduce nuevos proyectos que conoceremos en breve».
Empresas participadas por el Gobierno vasco
En el pleno de control celebrado ayer, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Íñigo Martínez también preguntó a la consejera de Desarrollo Económico por el proyecto de construcción del tranvía de Jerusalén, adjudicado a la empresa guipuzcoana CAF, de la que el Gobierno vasco posee un 1,24%. Martínez aseguró que esa obra, que conectará territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, violaba el derecho internacional.
En su respuesta, Tapia defendió que el proyecto «cumple» la legalidad internacional «y los principios de derechos humanos», y consideró que «no es de recibo exigir a un agente empresarial lo que mandatarios o la diplomacia política no son capaces de resolver».
Aunque la pregunta sobre la compra por 6,6 millones de euros del 7,31% de la láctea Kaiku por parte del Gobierno vasco le fue formulada a Tapia por su compañera del grupo de Nacionalistas vascos Alaitz Zabala, también Iker Casanova se refirió a esa operación. La calificó de «juego de manos». El parlamentario de EH Bildu dijo que «ustedes han cogido el 7% de Kaiku que tenían en esta mano y se lo han cambiado a la otra», porque ese 7% ya era vasco y «no era una empresa cuyo arraigo estuviera en especial riesgo».
Tapia reiteró que la compra había sido «oportuna» porque se trataba de una empresa «relevante», a la que su socio mayoritario, la suiza Emmi, permitiría tener un futuro igualmente «relevante».
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