Nuclenor y sindicatos alcanzan un preacuerdo de ERE para la plantilla de Garoña

Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta que desde agosto negocia las condiciones del ERE, ha explicado que el preacuerdo que se firmó este viernes, según han confirmado fuentes sindicales, se ha cerrado con la unanimidad de las cuatro centrales -UGT, USO, ALOG y ACN/ATYPE, y la parte empresarial.

Tras el preacuerdo, los plazos que se manejan pasan ahora por informar del mismo a los trabajadores para que el próximo día 14, mediante un referéndum, lo voten. «Son las mejores condiciones que hemos podido obtener, aunque entendemos que no a todos van a gustar», ha reconocido San Millán, quien, sin embargo, no ha querido avanzar los datos del preacuerdo.

Se ha impuesto un criterio de confidencialidad en las reuniones y, además, la próxima semana Nuclenor tendrá que comunicar a cada uno de los empleados cómo les afecta en particular el texto. Lo que sí se sabe es que el ERE se sustentará en prejubilaciones y recolocaciones en centros de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor.

Además, como Iberdrola avanzó ya en agosto, para finales de año solo deben quedar en Garoña 120 trabajadores, que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento de la planta. De este modo, en torno a un 47 % de la plantilla saldrá de la central nuclear con recolocaciones y prejubilaciones, aunque todavía no se han cerrado los datos, ha detallado San Millán.

Si la plantilla acepta las condiciones, se iniciará el diseño del ERE por parte de Nuclenor, que tendrá que comunicarlo a Trabajo. A continuación se abrirá un nuevo periodo de negociación sobre el documento y, cerrado un acuerdo, el expediente se remitirá a Trabajo para su autorización, ha recordado San Millán.

El representante sindical ha insistido en que el haber llegado a un acuerdo es «positivo» y es «lo mejor que puede pasar». La comisión mixta, compuesta por cuatro miembros de Nuclenor y otros cuatro de los sindicatos, comenzó a negociar el 10 de agosto.

Los contactos se iniciaron diez días después de que el Ministerio de Energía anunciase que denegaba la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear, solicitada en 2014.