El juzgado comunica el despido de la totalidad de la plantilla de La Naval

El astillero La Naval entró en una situación delicada a finales de 2017, como consecuencia de las importantes pérdidas acumuladas en la construcción de los últimos buques. La resistencia de los accionistas a respaldar una ampliación de capital y el fracaso de todos los intentos por encontrar inversores que estuviesen dispuestos a ello derivó en una situación insostenible. En octubre de ese mismo año la empresa solicitó el inicio del procedimiento concursal y pasó a estar supervisada por uno de los juzgados de lo mercantil de Bilbao.

Desde entonces y hasta ahora los recursos económicos de la empresa no han hecho sino reducirse hasta llegar prácticamente a cero, al tiempo que fracasaban también todos los esfuerzos para intentar acabar el último buque. Se trata de la draga 'Vox Alexia', cuyo casco se encuentra en la grada del astillero y que fue contratada por el armador holandés Van Oord. La compañía holandesa, pese a que recibió una oferta de la banca acreedora, no ha querido asumir el riesgo de continuar con los trabajos del buque, ante el temor de que sufriese grandes retrasos o que la situación de inestabilidad de la empresa acabase generando pérdidas millonarias.

De los 178 trabajadores de La Naval, 150 tienen una garantía de empleo por parte del grupo público Navantia. Son los trabajadores que ya pertenecían al astillero en el momento en que éste fue privatizado en el año 2006. Navantia deberá concretar ahora las condiciones para absorber a estos trabajadores que, en cualquier caso, deberían desplazarse a alguno de los centros de producción de esta firma, situados en Ferrol, Cádiz, Cartagena o en las oficinas centrales de Madrid.

La tesorería de la empresa es tan exigua que ni siquiera podrá afrontar el pago de las indemnizaciones que ha aprobado la jueza, lo que les obligará a solicitar su abono al Fondo de Garantía de Salarios, Fogasa. Junto a ello también reclamarán algunos salarios mensuales que la empresa les adeudaba.

Por otra parte, está pendiente de saber si habrá o no un recurso judicial contra el auto de despido. Todo apunta a que los sindicatos CAT y ELA lo tienen en estudio y adoptarán una decisión en los próximos días. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ya ha anticipado que de confirmarse este recurso se complicarán todas las opciones para retomar la actividad industrial en el astillero. Desde hace ya algunas semanas se ha iniciado el proceso de liquidación de los activos de la compañía y durante un periodo de cinco meses el juzgado estudiará las ofertas que se presenten.

La lógica en los procedimientos de este tipo es dar prioridad a las empresas que presenten ofertas para retomar la actividad quebrada -en este caso la construcción de buques- y que garanticen un alto volumen de empleo en la zona. Una opción que sería preferente frente a la alternativa de 'despiezar' los activos y venderlos por partes. Tapia ha advertido que de existir un recurso sobre el ERE de despido se generará una incertidumbre que va a frenar cualquier oferta por parte de nuevos inversores hasta que esté completamente despejado el panorama legal que rodea a la empresa.