Indignación en los astilleros tras el nuevo fallo de la UE contra el antiguo 'tax lease'

La Corte determina que fueron ayudas de Estado ilegales y ordena la devolución de las concedidas en el periodo comprendido entre 2007 y 2011 exclusivamente, tal y como exigía la Comisión Europea. La reacción de la patronal de los pequeños y medianos astilleros españoles (Pymar) fue inmediata: mostró su indignación y anunció la interposición del recurso correspondiente. Más aún. Su consejera delegada, Almudena López del Pozo, aseguró que la sentencia «nos parece injusta y en contra, una vez más, de la industria naval española»; para añadir a renglón seguido que «mientras tanto, y abundando en el trato desigual a los intereses españoles, el sistema holandés continúa sin investigarse».

Tampoco sentó nada bien el fallo comunitario en el Gobierno vasco. Desde el Departamento de Desarrollo Económico, que encabeza Arantxa Tapia, lo calificaron de «mala noticia» y añadieron que esta decisión judicial comunitaria «hace flaco favor al sector naval de Euskadi». El «impacto económico –advirtieron– podría ser muy importante y el propio sector vería muy dañada su imagen, un extremo que es también muy perjudicial». Lo que recalcaron tanto Pymar como el Gobierno vasco es que «esta sentencia no afecta en modo alguno al actual sistema de 'tax lease', que está plenamente vigente y que ha sido bendecido por la Comisión y por los tribunales europeos».

El litigio en cuestión –que se inició cuando era comisario europeo de la Competencia el socialista español Joaquín Almunia– hace referencia a los incentivos fiscales que permitían rebajar el precio de los nuevos buques entre un 20% y un 30%. Este sistema se articulaba a través de una serie de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) que financiaban la construcción y se beneficiaban de las ayudas. Después, repercutían parte de esos incentivos en las navieras compradoras. Bruselas considera que deben ser las AIE las que devuelvan los incentivos, no los astilleros ni las navieras. En esas agrupaciones están presentes una parte relevante de las grandes empresas españolas y de los bancos.

La sentencia no cuantifica las ayudas a devolver ni los intereses de demora que se suelen aplicar en las decisiones de reversión comunitarias. En su día, cuando el litigio del antiguo 'tax lease' estuvo en pleno apogeo, se llegó a cifrar en 3.000 millones, para luego rebajarse sucesivamente hasta que en diciembre de 2013 el Ministerio de Hacienda, encabezado entonces por Cristóbal Montoro, limitó las ayudas concedidas a 126 millones en un envío oficial a la Comisión Europea.

Esta cifra no llegó a discutirse, ni a reclamarse formalmente, ya que en diciembre de 2015 el Tribunal General de la UE –el mismo que ahora– falló a favor de las tesis españolas. La Comisión Europea recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE –que resuelve en casación– y logró una resolución favorable en julio de 2018: determinó que la sentencia inicial era errónea e incompleta y devolvió el asunto al tribunal originario para que dictaminase de nuevo, lo que ahora ha hecho.