El juez decide que el blindaje del IMQ sea analizado en un juicio

El pleito es la primera pieza de una batalla judicial desatada entre los 1.100 médicos accionistas de la compañía, que forma parte de un enfrentamiento más amplio: el de quienes quieren vender sus acciones al mejor postor y con un amplio margen de libertad, frente a quienes tratan de preservar a toda costa la entrada de accionistas externos o, al menos, de evitar que los médicos pierdan la mayoría en el capital y el control del grupo.

En torno al 45% de los accionistas de IMQ son médicos jubilados o incluso herederos, y una parte importante de ese colectivo aboga por una fórmula de venta que les permita obtener el mayor rendimiento posible por sus acciones. Una encuesta realizada el año pasado entre los accionistas reveló que el 69% se mostraban abiertos a considerar una venta de sus títulos, ahora o en el futuro, pero condicionado a que les satisfagan las condiciones que les ofrezcan.

Un accionista perteneciente a la asociación PAI, que reúne a los médicos más favorables a una venta de sus títulos de propiedad, presentó una demanda al estimar que el grupo se había dotado de un blindaje irregular. Aprobado en junio de 2019 por el consejo de administración de la entidad que actúa como cúpula del entramado societario, la Sociedad de Médicos, fue, sin embargo, implementado en los estatutos de un subholding, Grupo IMQ, que tan sólo tiene dos accionistas: la mencionada Sociedad de Médicos, que controla el 99,99% de las acciones, y el Montepío, con el 0,01%.

Con esa fórmula se evitó que el asunto fuese sometido a la consideración de los 1.100 accionistas, que jamás fueron informados de lo que se había hecho -menos aún tuvieron la capacidad de someterlo a una votación-, de tal forma que apenas una docena de médicos -el consejo de administración- conocía su existencia. El actual consejo del IMQ, salido de la última junta de accionistas, adoptó la decisión de allanarse el pasado fin de semana -suponía aceptar las pretensiones del accionista demandante-, apenas veinticuatro horas antes de la fecha prevista para la vista oral. En los preliminares de la vista, el representante legal del Montepío pidió al juez que continúe el proceso al considerar que la renuncia del IMQ era un fraude de ley -ha sido rechazada esta tesis- y que se perjudicaba a los titulares del fondo de pensiones, matiz que ha sido clave para la decisión del magistrado Bermúdez.

La decisión judicial no prejuzga el fondo del asunto, que será analizado en una vista convocada para el 13 de abril. El blindaje introducido en los estatutos del Grupo IMQ pone un buen número de trabas para evitar la entrada de socios externos, exige mayorías muy reforzadas para cualquier modificación estatutaria y deja en manos del Montepío, pese a que sólo tiene el 0,01% de las acciones y a él sólo pertenecen poco más de 500 accionistas, la llave de cualquier decisión clave para el futuro de la compañía.