La preocupación se ha instalado desde hace semanas entre la clase política y empresarial de Euskadi. La anunciada inversión de más de 1.200 millones de euros en la planta de Mercedes Benz en Vitoria, la principal industria vasca que emplea a 5.000 trabajadores ... directos y otros 30.000 de manera indirecta, está vinculada, para que se haga realidad, a un aumento de la flexibilidad en el nuevo convenio que todavía no se ha firmado. De hecho, está en fase de negociación pero en un momento de bloqueo.
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Las discrepancias cada vez mayores entre la dirección y el comité derivaron ayer en una jornada de movilización en la factoría alavesa con un respaldo masivo al llamamiento a la huelga realizado por los sindicatos. Entre un 75% -a juicio de la empresa- y un 95% de la plantilla -según la parte social, que se centró sobre todo en el área de talleres- secundó el paro y la cadena de producción no llegó a arrancar. Ayer no se fabricaron furgonetas. Esta situación no sucedía desde hace dos décadas, cuando en 2003, y también con una negociación de convenio por medio, Mercedes paralizó tres días el montaje de vehículos y más de 2.500 personas se manifestaron por Vitoria.
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Esa imagen se repitió ayer dentro y fuera de la planta de la Avenida de los Huetos, sin actividad en la línea de montaje y con más de 2.000 personas en la calle rodeando la factoría y una plantilla que no ocultaba su enfado con la dirección «porque nos quiere recortar nuestras condiciones laborales a pesar de que es una multinacional que acumula beneficios en los últimos años y que esta planta es un referente en producción y calidad», resumían algunos trabajadores.
La falta de sintonía entre la compañía, por un lado, y la plantilla y sus representantes sindicales, por otro, es un motivo de preocupación para algunos destacados portavoces institucionales y empresariales de Euskadi, teniendo en cuenta la importancia de Mercedes en el tejido económico vasco ya que representa un 3% del PIB. Las nuevas movilizaciones anunciadas para la próxima semana, con paros de lunes a viernes convocados por ELA, LAB y ESK, contribuyen a incrementar ese nerviosismo.
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La planta automovilística «necesita a los trabajadores al igual que los trabajadores y Euskadi necesitan a Mercedes», aseguró ayer el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que consideró que el acuerdo entre la empresa y los sindicatos «es necesario y va a llegar». Reconoció que las huelgas «en general no me gustan» aunque matizó que «habría que ver cuáles son las razones de los trabajadores para convocar paros. Yo las desconozco». Mientras que la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, incluso puso fechas al esperado pacto para firmar el convenio. «Estoy segura de que antes de que acabe junio se conseguirá un acuerdo», dijo, convencida de la «capacidad de negociación de las partes y de su responsabilidad».
Tanto el diputado general, Ramiro González, como el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, lamentaron «las posiciones alejadas» entre empresa y comité y el «distanciamiento» quizá aún mayor tras la huelga de ayer. Ambos dirigentes jeltzales llamaron al «entendimiento» entre las partes y que actúen «con sensatez y altura de miras». En este sentido, también el director general de la patronal alavesa SEA, Juan Ugarte, confía en Mercedes y sus sindicatos tengan «cordura porque estamos ante una ocasión histórica -por la inversión de 1.200 millones de euros en la planta- y si se pierde sería una catástrofe para Mercedes, para Álava y para Euskadi». El presidente de la Cámara de Comercio, Gregorio Rojo, pidió a los sindicatos que «sean conscientes de lo que se juega Álava. La huelga no es la línea a seguir».
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El paro de ayer también sacó a relucir la división sindical en el comité, con dos bloques diferenciados y un tercer grupo pidiendo unidad de acción y la convocatoria de una asamblea. La mayoría de UGT, CC OO, Ekintza y PIM reclama un convenio justo con subidas salariales y están dispuestos a hablar de flexibilidad «si se recoge en calendarios y se paga», dijo Roberto Pastor (CC OO), que asume que la flexibilidad «siempre genera polémica pero en la automoción es necesaria». ELA, LAB y ESK, por su parte, rechazan trabajar una noche más como pide la empresa y denuncian los recortes que quiere aplicar. «Una inversión de 1.200 millones no puede depender de que los trabajadores tengamos o no ayudas sociales», señaló Igor Guevara (ELA), presidente del comité.
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