Imaz reclama cambios legales para impulsar el avance del hidrógeno

Josu Jon Imaz reclamó para el hidrógeno un tratamiento similar al que se aplica a las recargas eléctricas de vehículos o al GLP -el gas que se suministra como combustible de automoción-, que han visto considerablemente reducida su carga fiscal. Así, recordó que en la producción de hidrógeno -materia prima necesaria para conseguir combustibles sintéticos neutros en emisiones de CO2- la electricidad es el principal factor de coste. Así, casi un 70% de los costes en la producción de hidrógeno están vinculados al consumo eléctrico, un 20% a la inversión necesaria en instalaciones y un 5% a los gastos operativos. «Es necesario que la legislación reduzca el peso de los peajes en ese consumo eléctrico, para poder desarrollar una alternativa con las capacidades tecnológicas e industriales que ya tenemos». En su opinión, la tecnología ligada al hidrógeno va a ser una alternativa muy atractiva dentro de algunos años «en algunos segmentos de la movilidad y el transporte».

Imaz reclamó un cambio en el proyecto de Ley de Transición Energética. Esa transición, dijo, «debe ser ambiciosa, pero también justa e inteligente». En lo que hay que traducir como una alusión directa al sector eléctrico, el consejero delegado de Repsol dejó caer la idea de que quizá la regulación atiende a intereses de «lobbies más influyentes» que los del petróleo y la industria química.

En tono crítico se refirió a las políticas que tratan de favorecer la reducción puntual de emisiones de CO2 -la que se mide únicamente en lugar de emisión-, frente al balance global que tiene en cuenta toda la cadena de producción. Y ello, indicó, porque la fabricación de baterías para los automóviles eléctricos puede reducir las emisiones en «el País Vasco, pero las incrementa en otra zona del mundo. Y el efecto de la molécula de CO2 es el mismo, se emita aquí o en Sanghai». Además, advirtió, esa estrategia puede suponer «el desplazamiento de actividad industrial y empleo fuera de nuestro país».

En la misma línea abogó por establecer un arancel en las fronteras de la Unión Europea, vinculado precisamente al CO2 y aplicado a los productos fabricados en países con una política muy laxa en la penalización de este tipo de emisiones. «De esa forma -dijo a modo de ejemplo-, todos competiríamos en igualdad de condiciones y así el acero importado de India estaría gravado en su importación para compensar el esfuerzo económico que tiene que hacer Sidenor por sus emisiones de carbono».

También reiteró su tradicional apuesta por un modelo industrial, que, dijo, garantiza «salarios más altos, mayor estabilidad en el empleo e innovación»; y reclamó que la política de transición energética tenga en cuenta esta cuestión. Así, criticó que se haya definido en España un modelo de transición al vehículo eléctrico sin tener en cuenta la trascendencia que tiene la industria del automóvil en el conjunto de la economía del país.