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El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia en la que reconoce el derecho de 117 trabajadores que formaron parte en su día de la empresa Babcock & Wilcox, dedicada a la fabricación de grandes bienes de equipo y cuya sede estaba ubicada en la localidad ... vizcaína de Sestao, a reintegrarse en la plantilla del grupo público Sepi, propiedad del Estado. El fallo se suma a otras resoluciones también firmes del Supremo y en el mismo sentido, que afectaban a otros 57 exempleados de Babcock.
El origen de esta sentencia es una demanda que este colectivo presentó en 2006, en la que reclamaba su derecho a volver a la esfera del grupo público gracias a unos acuerdos firmados en el momento de la privatización por los sindicatos CC OO y UGT. Ya en ese momento, estos trabajadores estimaban que Babcock estaba en situación de crisis, que la privatización había resultado fallida y que, por lo tanto, tenían derecho a ser rescatados por el Estado. Una situación similar a la que se ha producido recientemente con 150 empleados de La Naval de Sestao.
La sentencia del Supremo, que confirma otra anterior del Superior de Justicia del País Vasco, es contundente y amplia en sus efectos. Así, además de reconocer el derecho de estos 117 antiguos empleados de Babcock a pertenecer a la plantilla de Cofivacasa -la filial de Sepi que gestiona las sociedades quebradas del grupo-, establece la obligación del Estado de abonarles la totalidad de los salarios que tenían que haber percibido desde 2006, cuando presentaron la demanda. El alto tribunal admite que si el Estado renuncia a integrarles a la Sepi deberá, además, indemnizarles como si se tratase de un despido. Algunas fuentes calculan que este fallo judicial puede genera un gasto extraordinario superior a 100 millones de euros a las arcas públicas. Este extremo no ha podido ser confirmado, sin embargo, debido a que la sentencia deja abiertas numerosas dudas sobre su alcance real.
Consecuencias
El tiempo transcurrido desde 2006 hasta ahora provoca, por añadidura, una compleja situación para ejecutar el fallo. Algunos de los demandantes ya han fallecido -se supone que sus herederos serían los beneficiarios de la sentencia-, pero otros hace tiempo ya que son pensionistas. Algunos, además, cobraron también de Sepi las compensaciones para su prejubilación en 2011, cuando la quiebra de la empresa provocó su cierre definitivo. Entre las dudas que surgen está la de si estas personas deberían reintegrar lo que han percibido por desempleo y jubilación para poder percibir ahora los salarios atrasados.
La historia de Babcock & Wilcox ha supuesto una importante sangría para las arcas públicas del Estado en las cuatro últimas décadas. Algunas estimaciones sitúan en el entorno de los 1.400 millones de euros el desembolso de dinero público a lo largo de ese periodo. Todo comenzó en 1978, cuando el primer Gobierno de la UCD decidió hacer pública la empresa, que atravesaba en ese momento importantes dificultades financieras. El entonces ministro de Industria, Agustín Rodríguez Sahagún, jugó un papel decisivo en esa decisión, ante el carácter estratégico que tenía esta compañía para la actividad industrial del País Vasco.
Con periodos repletos de pérdidas y otros más dulces -llegó a tener beneficios en la época en la que fue presidida por Manuel Fernández Larrubia-, el gabinete de José María Aznar decidió privatizarla en 2001, para venderla al grupo alemán Borsig. Más que venta hay que hablar de regalo, con un importante paquete de ayudas públicas en el cajón para sostener la empresa. Apenas nueve meses más tarde, el grupo alemán quebró y a finales de 2003 Sepi volvió a adjudicar la empresa a la firma austriaca ATB, que apenas hizo otra cosa que agotar las ayudas públicas, con una fuerte contestación por parte de los sindicatos a sus planes. En 2010 la firma presentó suspensión de pagos y -ya con el cajón de dinero público vacío- nadie quiso hacerse cargo de la actividad, entrando así en un proceso de liquidación. En una parte de los terrenos que ocupaba la empresa se construye en la actualidad un gran centro logístico para la multinacional Amazon.
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