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No parece que el futuro de las plantas de Matricería Deusto y GTS vaya a cambiar, están abocadas al cierre como así han confirmado fuentes del grupo Gestamp a EL CORREO a pesar de la intermediación que está ejerciendo el Gobierno vasco y de la petición directa formulada ayer por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Arantxa Tapia reconoció ayer en el Parlamento vasco que han pedido directamente al grupo Gestamp que «ponga sobre la mesa medidas diferentes» al cierre total de ambas filiales, que además implica el despido de sus 230 trabajadores. Para tratar de buscar alternativas y posibilitar que se pueda llegar a un acuerdo, Tapia aclaró que no sólo está implicado su Departamento, sino el conjunto del Gobierno vasco. En esta línea consejera recalcó que «vamos a utilizar nuestra relación» con Gestamp con vistas buscar alternativas al cierre de esas dos plantas y que «se encuentre la fórmula para alcanzar el mejor acuerdo posible».
Sin embargo, tras la comparecencia de la consejera, fuentes de Gestamp confirmaron que «no hay ningún cambio en su posición», ya que estiman que «no hay otra alternativa viable» para esas dos filiales vizcaínas y «no queda más camino que el cierre». Sustentan esta dura posición debido a la pérdida de competitividad de la matricería en España y en Europa en la última década y a la caída del mercado en más de un 20 por ciento por la pandemia de Covid-19. También argumentan que se trata de una medida profiláctica para mantener la actividad en sus otras plantas matriceras vascas, situadas en las localidades vizcaínas de Erandio, Muskiz, Derio y Gallarta, en las que trabajan otras 570 personas. Así, en todo momento en la mesa de negociación con los comités de empresa –que volverá a reunirse el miércoles 21 de octubre– sostienen que su decisión es «irrevocable y definitiva» y parece que la intermediación del Ejecutivo vasco no va a hacer que cambie.
La petición desvelada por Arantxa Tapia en el Parlamento vasco, responde a una interpelación realizada por el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, que exige al Gobierno mayor contundencia en su respuesta a Gestamp. Estuvieron presentes en la sesión, en la tribuna de público, un grupo de trabajadores de las empresas en cierre y en el exterior del Parlamento otro grupo se concentraba con pancartas en las que se podía leer 'Subvenciones públicas: despidos gratuitos' o 'Gobierno Vasco+Gestamp, 230 familias a la calle'.
Casanova insistió en que «este gobierno tiene que tener toda la capacidad de presión encima de la mesa y cuestionar todos y cada uno de los convenios, ayudas y relaciones que tiene con Gestamp si esta empresa sigue empeñada en mandar a la calle a 230 trabajadores después de haber ganado en los últimos años cientos de millones».
Casanova acusó a Gestamp ejerce un claro ejemplo de «deslocalización», trasladando producción a otros países para abaratar costes y «esto es algo que este país no puede permitir».
La consejera no compartió esta visión, ni la petición de revertir todas las ayudas a Gestamp, porque recordó que esta multinacional vasca está promoviendo y atrayendo a Euskadi nuevas actividades avanzadas, como el futuro centro de excelencia en investigación de vehículo eléctrico y fabrica inteligente, que se instalará en el AIC de Amorebieta, con una inversión conjunta con el Gobierno vasco de de 17 millones.
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