El Gobierno vasco, dispuesto a intervenir en Euskaltel para defender la empresa

Tapia ha advertido que, en cualquier caso, esa intervención tendría que se «mínima», debido a que Euskaltel es una empresa cotizada en Bolsa con un valor que ronda los 1.500 millones de euros, lo que obliga a desembolsar grandes cantidades de dinero si se quiere tener una participación significativa en su accionariado. Tapia no ha concretado qué cantidad estaría dispuesto a invertir el Gobierno vasco en esta empresa ni tampoco las circunstancias concretas en que lo haría. Sí ha dado a entender que esta es una opción que ya ha hablado con Kutxabank. «Lo hemos hablado con socios de referencia», ha señalado la consejera.

El Gobierno anunció a principios de la legislatura la constitución de un fondo de inversión para tomar participaciones en empresas cotizadas, que estaría dotado con unos 250 millones de euros. A pesar de que ya se ha sobrepasado el ecuador de la legislatura, en la práctica este fondo no ha entrado en funcionamiento, salto una operación testimonial que se realizó a finales de 2017, con la adquisición del 1,24% de CAF, que estaba en manos de Kutxabank y por el que desembolsó 15 millones de euros. En aquella ocasión, el Ejecutivo vasco defendió que la compra estaba justificada para defender el arraigo de la compañía, pese a que no estaba en peligro, ya que los principales accionistas son el propio banco vasco y también una sociedad instrumental propiedad de una parte de la plantilla de trabajadores de CAF.

En su intervención, Tapia ha insistido también en el argumento de que algunas cuestiones fundamentales de la vida de Euskaltel están «blindadas» en los estatutos de la compañía, donde se exige el voto del 75% del capital social para decisiones como, por ejemplo, un cambio en la sede social. En la actualidad, sin embargo, Kutxabank tan solo posee el 19,88% de las acciones tras un proceso de venta de acciones que inició hace ya tiempo y que ha tenido su último episodio hace tan solo algunas semanas. Una participación que no permitiría bloqueo alguno de decisiones, ya que el resto del accionariado está repartido entre numerosos fondos de inversión -la mayor parte de ellos ajenos al País Vasco-, que siempre priorizan el beneficio económico frente a cualquier otra consideración.