El Gobierno, dispuesto a indemnizar con hasta 160.000 euros a los trabajadores de La Naval que renuncien a Navantia

Como ya es conocido, 150 trabajadores de La Naval -empresa quebrada y que se encuentra en proceso de liquidación- tienen derecho a formar parte de la plantilla del astillero público Navantia. Ayer mismo se incorporó a esta empresa el primer contingente de exempleados del astillero vizcaíno, que se han visto obligados a desplazarse a las factorías de Galicia, Cádiz, Cartagena y también a las oficinas centrales de Madrid. La posibilidad de ofrecer una indemnización a este colectivo, a cambio de renunciar a su derecho al puesto de trabajo en el grupo público, era una reivindicación esgrimida por los sindicatos desde hace meses que no había tenido éxito hasta ahora. Las centrales lo han planteado ante Sepi como «una opción más» para este grupo.

El pasado viernes, en una reunión a la que asistieron representantes de Sepi así como de los sindicatos CC OO y UGT -las dos organizaciones que forman parte de la comisión de seguimiento de la privatización de los astilleros-, el holding público dio a entender que aceptaba esta opción. En realidad, apuntan algunas fuentes, ha sido la propia ministra la que ha abierto la puerta, tras un intenso trabajo de 'lobby' realizado por los sindicatos en la esfera política y pese a las reticencias iniciales de Sepi. Ahora, añaden, tan solo resta que la decisión de la ministra se transforme en una aprobación oficial de la oferta.

Las cantidades que se manejan como opción para 'vender' este derecho a la incorporación en Navantia son importantes. Así, equivaldrían a una indemnización por despido -33 días por año de antigüedad-, pero en una horquilla muy acotada: un mínimo de 120.000 y un máximo de 160.000 euros para cada trabajador que opte por esta vía. En el supuesto de que la totalidad de los exempleados de La Naval aceptasen esta propuesta, tendría un coste ligeramente superior a los 20 millones de euros para Navantia. Una empresa que se sostiene exclusivamente gracias a una ingente y permanente inyección de dinero público, y que en los tres últimos ejercicios cerrados -de 2016 a 2018- perdió la friolera de 1.030 millones de euros.

Los trabajadores de La Naval fueron despedidos el pasado mes de marzo, tras una decisión judicial que formaba parte del proceso de liquidación de la empresa después de su quiebra. La plantilla pudo cobrar la práctica totalidad de los atrasos hasta esa fecha y abandonó la compañía con el derecho a ingresar también una indemnización, equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de una anualidad. Esta indemnización -que se sumaría a la de Sepi en el caso de renunciar al empleo en Navantia-, deberá ser abonada por el Fondo de Garantía Salarial, ante la ausencia de tesorería en el astillero vizcaíno para hacer frente a estos pagos.