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El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido hoy contundente al recordar que la mayor parte del precio de la energía eléctrica que pagan los ciudadanos por el consumo de los hogares -algo más del 60%-, son impuestos que acaban en manos de Hacienda ... . De ahí que, ha matizado, son las arcas públicas quienes más se benefician de un aumento excesivo de la factura de la luz como el que se vive en estos momentos. Frente a las críticas que desde algunos sectores se lanzan contra las compañías eléctricas y sus crecientes beneficios, ha calificado también como «injustificables» algunos extremos del anteproyecto de ley elaborado por el gabinete de Pedro Sánchez para modificar el esquema de asignación de precios de la electricidad. La maniobra del Ejecutivo, ha venido a decir hoy el presidente de Iberdrola, supone un castigo hacia las fuentes de generación más respetuosas con el medio ambiente, como es el caso de la generación hidroeléctrica.
Galán, que ha presidido hoy la junta de accionistas de la sociedad -celebrada de forma telemática- se ha mostrado abierto «al diálogo» con el Gobierno, para intentar «reconducir a lo largo de la tramitación» los defectos que en su opinión tiene el nuevo marco legal que quiere aplicar el Ejecutivo. Así, mientras considera «un paso positivo» al anuncio realizado por el gabinete en los últimos días sobre la posibilidad de reducir algunos impuestos en la factura de la luz para contrarrestar los precios elevados de los últimos meses, cree que el anteproyecto del Gobierno supone un castigo a las fuentes menos contaminantes. Como ya es conocido, el anteproyecto quiere reducir la remuneración que reciben fuentes de generación como la hidroeléctrica o la nuclear, con instalaciones muy amortizadas, y que en las subastas de energía se aprovechan de los precios que marcan otras más caras como los ciclos combinados.
«Son muchos los factores que afectan al precio de la electricidad pero, sin duda, el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos», ha indicado el primer ejecutivo de Iberdrola. El mensaje de Galán, pese a ser una materia conocida, trata de poner el foco sobre la enorme carga de impuestos que abonan los ciudadanos cuando pagan su factura de la luz. El Estado espera recaudar este año 9.000 millones de euros procedentes de la tarifa eléctrica -2.700 millones más que el ejercicio precedente-, gracias a la combinación de dos factores: un mayor consumo y con ello una carga fiscal más elevada. La factura eléctrica recibe impactos tributarios múltiples, como el impuesto a la generación eléctrica, del denominado 'impuesto a la electricidad', el IVA, además de los derechos de emisión de CO2. Unos derechos cuyo alza en los últimos meses está precisamente en la raíz de la escalada de precios de estos meses.
«Es imprescindible que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores. Pueden estar seguros -ha manifestado Galán a los accionistas- de que en Iberdrola mantendremos una actitud dialogante, pero también nuestro compromiso con la defensa de sus intereses».
Iberdrola va a mantener una intensa actividad inversora. Si el pasado ejercicio destinó casi 10.000 millones de euros a reforzar su estructura de activos, este año la cifra escalará hasta 17.000 millones, lo que supondrá un nuevo récord. Buena parte de estas inversiones se destinará a incrementar la capacidad de generación mediante fuentes renovables y también a la expansión internacional, que ha recibido recientemente un fuerte impulso con la adquisición de la firma norteamericana PNM.
Por otra parte, la junta de accionistas ha aprobado el reparto de 0,252 euros por acción como dividendo complementario con cargo a los beneficios del pasado año. Una cifra que sitúa en 0,42 euros la remuneración de cada acción vinculada a los beneficios de la empresa el pasado año -que alcanzaron la cifra también récord de 3.611 millones de euros- y que, ha anticipado hoy el presidente, se incrementará de nuevo este año. La estimación de la compañía es que se repartirán 0,44 euros por acción vinculados al resultado de este año. Los accionistas también han ratificado el nombramiento del exministro Ángel Acebes como vocal del consejo de administración -se reincorporó el pasado mes de octubre- tras ser absuelto en el proceso judicial por la salida Bolsa de Bankia. El respaldo a la gestión de la compañía ha sido extraordinariamente amplio y las propuestas del consejo de administración han sido respaldadas por el 98% de los votos emitidos.
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