La dirección de Siemens Gamesa se reúnen hoy con los sindicatos en Madrid

Al encuentro han sido convocados los secretarios generales de las federaciones de industria de CC OO y UGT, así como delegados de ambas organizaciones en la empresa. No participará, sin embargo, ELA, que sí cuenta con representantes sindicales en los centros de trabajo ubicados en el País Vasco y Navarra. Representantes del sindicato en la empresa no quisieron hacer ayer comentarios a propósito de su ausencia.

La compañía fabricante de aerogeneradores tiene en la actualidad 4.600 empleados en España -de los 29.000 que forman parte de su plantilla global- y 1.000 dependen de sus instalaciones en Euskadi: las oficinas corporativas del Parque Tecnológico de Bizkaia y las factorías de multiplicadoras de Mungia y Asteasu.

Los ajustes, que los habrá, van a concentrarse en mercados que la empresa está dispuesta a relegar a un segundo plano -Sudamérica es uno, aunque no el único-, pero ya es firme y oficial el compromiso de replegarse y considerar que Europa debe ser el corazón de su actividad. Esta misma semana el grupo ha desvelado que quiere conseguir «ahorros» de 400 millones anuales, aunque no ha desvelado las vías para lograrlo.

El Gobierno de Navarra ha mostrado interés en conocer las vías que utilizará la empresa para realizar el ajuste y si afectará a las instalaciones que tiene la compañía en esa comunidad. Siemens Gamesa ha concentrado en Sarriguren, en las inmediaciones de Pamplona, su centro de investigación y desarrollo para todo lo relacionado con la generación eólica terrestre. Fuentes del Gobierno de Navarra y de la compañía han confirmado que mantendrán también un contacto hoy -en este caso por videoconferencia- para abordar el tema.

La empresa ha mostrado su deseo de resolver cuanto antes los problemas técnicos de sus equipos, con el objetivo de recuperar la normalidad. La producción de nuevos aerogeneradores terrestres está parada y a la espera de esas soluciones. Mientras, la firma ha obtenido ya el respaldo del Gobierno alemán para disponer de 7.500 millones en avales públicos, al tiempo que mantiene una negociación con los Ejecutivos de España y Dinamarca para formalizar otros 3.000 millones en garantías financieras.