El coste de compensar a los 'díscolos' de Ferrovial bajará de 500 a 45 millones

Pero con los resultados de la junta encima de la mesa, esos 500 millones parecen lejanos, salvo sorpresa de última hora. Frente al 93,3% que votó favorablemente, hubo un 5,79% de votos en contra y un 0,9% de abstenciones. Sin embargo, al ser el quórum del 77,6%, los porcentajes sobre el capital total de la compañía serían menores. Así, teniendo en cuenta el 100% del capital y eliminando las abstenciones y el 4,1% de Leopoldo del Pino, que habría votado negativamente, solo un 0,29% de todo el capital de la empresa (incluyendo a los accionistas que no han votado) se habría opuesto a la operación.

La posición del hermano del presidente del grupo, Rafael del Pino, ha sido crucial. Y aún puede serlo en las próximas semanas. Previsiblemente no ejercerá su derecho de separación, es decir, la venta de su paquete de acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado, ya que supondría la salida del accionariado de la empresa que fundó su padre.

Por ello, incluso aunque el 0,29% del resto de accionistas que ha votado en contra ejerciese ese derecho de separación, no alcanzaría el 2,5% que la empresa ha puesto como límite para que la operación quedase bloqueada. Además, los accionistas que no han ejercido su voto no tienen la posibilidad de ejercer el derecho de separación. Y, lo que es más importante en términos económicos: si ese 0,29% decidiera vender sus acciones, Ferrovial tendría que abonar entre 42 y 45 millones de euros, casi diez veces menos del tope máximo previsto inicialmente en el inicio de la operación.

De los cinco hermanos Del Pino (Rafael, María, Leopoldo, Fernando y Joaquín), es el tercero quien ha mantenido una relación más tensa con el presidente de Ferrovial, al menos públicamente. En principio, no tiene intención de acogerse al derecho de separación. Ha votado en contra de la mudanza para dejar constancia de su desaprobación al paso que quiere dar la compañía que fundó hace 70 años su padre.

Se trataría de retrasar la llegada de Ferrovial a los mercados de Estados Unidos, el principal motivo por el que la compañía justifica su traslado. Sería una forma de ganar tiempo para que España habilite el marco normativo necesario que permita a la empresa obtener la doble cotización en el país estadounidense y España y de esa forma Ferrovial mantenga su sede social en Madrid.

Si consuma la operación, Ferrovial se verá obligada a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días para cumplir con la ley neerlandesa tras su próximo trasladado a Países Bajos, frente a los 60 días que exige la ley española. Así lo ha trasladado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha recordado que Ferrovial «no se ha caracterizado precisamente por pagar en plazo» a sus proveedores. En España, el plazo medio de pago del sector privado se situó en 2022 en 67 días, por encima de lo que marca la ley.