La Diputación de Bizkaia, condenada a pagar 218 millones a Coca-Cola por una disputa sobre el IVA

Manu Alvarez

Bilbao

Jueves, 3 de noviembre 2022 | Actualizado 07/11/2022 14:12h.

La Hacienda foral de Bizkaia tiene que afrontar ya el pago de 218 millones de euros al grupo Coca-Cola, como consecuencia de una vieja querella entre administraciones tributarias -el fisco foral vizcaíno y la Agencia Tributaria del Estado-, que la empresa ha padecido como sujeto paciente. La Junta Arbitral del Concierto, el órgano formado por tres expertos en fiscalidad y que es el encargado de dirimir este tipo de discrepancias entre administraciones, ha dado la razón a la Administración central. La Diputación de Bizkaia ha confirmado que presentará ahora un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que reproduce el camino seguido en otros casos similares. El más conocido, el denominado 'caso Rover', que estalló en 2009 y que obligaría a la Hacienda de Álava a entregar al Estado 435 de euros. Pese al recurso al Supremo, la Diputación de Bizkaia está obligada a devolver ya este dinero a la compañía, sin esperar a lo que pueda suceder en la resolución del alto tribunal.

El problema surgió a partir de 2013, debido a una nueva estructura interna del grupo Coca-Cola en España. En síntesis, la filial radicada en el País Vasco realizaba todas las importaciones del concentrado base -llegaban de Irlanda y como operación intracomunitaria estaban exentas de IVA- y distribuía posteriormente esos productos a otras sociedades del grupo situadas en territorio común. Fruto de esa estructura, la Diputación de Bizkaia recaudaba el IVA de las ventas de la filial vasca y el resto de empresas nacionales trataban de deducirlo, como hay que hacer con todos los gastos de aprovisionamiento, en sus declaraciones ante la Agencia Tributaria. Algo a lo que la Hacienda central se negó, al considerar que debía ser la hacienda vizcaína la que efectuase esas devoluciones.

El caso, como otros muchos similares, terminó en manos de la Junta Arbitral del Concierto pero entró en una especie de agujero negro. La razón es que en 2018 este órgano quedó paralizado por la dimisión de uno de sus tres miembros y no fue reactivado hasta finales de 2021, tras un acuerdo entre las administraciones central y vasca para rellenar las vacantes. En la actualidad este órgano está presidido por la catedrática Violeta Ruiz Almendral y tiene como vocales a la catedrática de la UPV Sofía Arana, y a Javier Muguruza, abogado en ejercicio y exdirector de la Hacienda de Bizkaia. Uno de los problemas con los que se han encontrado sus actuales componentes es que la parálisis de varios años ha generado una lista de espera de varios cientos de casos por resolver.

Las disputas, los recursos y las transferencias extraordinarias de dinero entre las haciendas forales y la central es algo ya habitual. El caso más llamativo fue el del grupo automovilístico Rover, que importaba en Álava sus vehículos procedentes del Reino Unido. Aquello supuso una sangría de 435 millones de euros para la hacienda alavesa. En sentido contrario, la Diputación de Bizkaia recibió en el pasado un premio 'gordo', con un ingreso de 437 millones de euros, también por una disputa de IVA con el Estado en el que estaba implicada una empresa de comercialización de productos petrolíferos con sede en el Puerto de Bilbao.