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El secretario general de Industria, Raül Blanco, fue cesado hace ya algunos días en una tradicional 'operación fusible': se funde un elemento intermedio, sobre el que recaen todos los males de la gestión previa, para evitar que dañe una pieza más valiosa. En este caso, ... la ministra Reyes Maroto, que será la cabeza de cártel del Partido Socialista en su intento de asaltar la Alcaldía de Madrid en las elecciones del próximo mes de mayo. Pero el cese de Blanco tiene aparejados efectos colaterales. Entre ellos, la pretendida entrada de Indra en el capital de la empresa vasca ITP, operación que por el momento queda congelada.
El fondo norteamericano Bain tomó el control de ITP el pasado mes de septiembre, la empresa fabricante de componentes para motores de aviación. Pagó 1.600 millones por las acciones; ha cedido al Gobierno vasco el 6% y reservó un 24% adicional para dar entrada a otros accionistas españoles, para atender así las demandas del Gobierno de Pedro Sánchez, que temen un descontrol sobre el futuro de la compañía cuando el fondo ejecute dentro de algunos años su tercer movimiento: vender, coger la plusvalía y salir corriendo.
Antes ejecutará un segundo movimiento, que no será otro que adquirir varias empresas para aumentar el volumen de negocio de la compañía. En esta macedonia de intercambio de acciones, el ya ex secretario general de Industria era el principal impulsor de que Indra -la compañía tecnológica en la que el Estado posee el 28%- adoptase un papel protagonista, hasta convertirse en socio de referencia en ITP.
Indra no fue el primer plato de las opciones que había manejado el Gobierno español con el objetivo de poner un pie en ITP. Más bien era el segundo y las cosas no han ido rodadas. El intento de forzar esta inversión generó no pocas batallas en el seno de Indra; el cese de su presidente, Fernando Abril-Martorell; el nombramiento de un hombre cercado al Partido Socialista de Cataluña, Marc Murtra, para sustituirle y la dimisión de siete consejeros independientes de la compañía.
Aunque el cese de Raül Blanco se ha ligado a una supuesta mala gestión de los fondos europeos relacionados con proyectos del vehículo eléctrico, la polémica que ha rodeado al intervencionismo del Ejecutivo en el gobierno corporativo de Indra también ha influido en la decisión.
Blanco era un convencido de que la industria de defensa en España estaba abandonada a su suerte, en manos de capital extranjero y en franca decadencia. Tras la venta de Santa Bárbara a la norteamericana General Dynamics, ITP era la 'joya de la corona' a preservar. Cuando Rolls Royce la puso a la venta, el secretario general de Industria vio la oportunidad de relanzar la idea de crear un 'campeón nacional' en este sector. Convenció a Rolls para ganar tiempo y dejarle maniobrar. Lo intentó primero con otra empresa vasca, Aernnova, pero tampoco tuvo demasiado éxito. Además, el Gobierno vasco le pidió que atendiese de forma prioritaria otra oferta, la que suscribía la ingeniería vasca Sener. Aquello tampoco funcionó bien y fue entonces cuando Blanco depositó todas sus esperanzas en Indra. Todo ha quedado en el aire tras la salida de Blanco del Gobierno.
No era del todo descabellado. Indra se había convertido en el coordinador nacional del programa FCAS -el futuro avión de combate europeo, en el que participan Alemania y Francia, además de España-; el Estado tenía una participación en el entorno del 12% del capital y ya habían estado interesados en adquirir ITP en el verano de 2019.
Fuentes consultadas por EL CORREO aseguran que Blanco no ha estado suficientemente arropado en sus intentos por otras áreas del Gobierno. Aunque la existencia de una industria militar con tecnología propia puede ser considerado por algunos como un «elemento estratégico prioritario», lo cierto es que en una parte importante del Gobierno de Pedro Sánchez, aseguran, es una aspiración que no despierta entusiasmos. «Ni siquiera en el Ministerio de Defensa», añaden las mismas fuentes.
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