Las empresas vascas sobrepasan en casi 22 días el plazo legal de pago a proveedores

En el sector privado, los datos del Boletín de Morosidad de Cepyme indican que el plazo medio en el que las empresas pagan sus facturas es de 82,3 días; en las compañías vascas es de 81,8 días, lo que implica superar en casi 22 el límite legal. En el ranking autonómico de buenos pagadores, las firmas de Euskadi se sitúan en el décimo lugar, a mucha distancia de las aragonesas -pagan en 72,6 días- o las de Castilla y León, que lo hacen en 73,5 días.

Otro informe, en esta ocasión de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), organización creada en 2008 por varias asociaciones patronales de pequeñas empresas, denuncia que las grandes firmas son las que más tardan en pagar. Su análisis de las cotizadas de la Bolsa española evidencia que las sociedades del selectivo Ibex 35 retrasan sus pagos a proveedores hasta los 169 días, el triple de lo permitido por la ley. Los plazos empeoran en las cotizadas en el Mercado Continuo, en el que se llega hasta los 339 días en las del sector de comercio y servicios y a 267 en las de construcción e inmobiliario.

Por su parte, el plazo medio de pago del sector público español oscila entre los 26,53 días del Estado, los 39,75 de los gobiernos autonómicos y los 66 de las administraciones locales y municipales, según cifras del Ministerio de Hacienda. Cepyme no lo comparte, y sostiene que la media se eleva a 100 días en los ayuntamientos.

En el caso del País Vasco, las administraciones son muy cumplidoras: el Ejecutivo autonómico paga en 19,3 días; mejor aún la Diputación de Álava, que lo hace en 13,3 días, seguida de la de Gipuzkoa con 19,3 y de la Bizkaia con 27 días, según datos comparados de noviembre de 2019 que ha recopilado el Ministerio de Hacienda.

A pesar de que las leyes contra la morosidad de 2004 y 2010 fijan plazos, lo cierto es no se contemplan sanciones para los infractores. Una reivindicación que es la cruzada que lideran organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Plataforma contra la Morosidad. «No hay medida más social que atajar la morosidad», apunta su presidente, Antoni Cañete.

En este contexto, en la pasada legislatura se tramitaron dos proposiciones de Ley, una en el Congreso presentada por Ciudadanos y otra en el Senado auspiciada por el PDeCat. Decayeron con el adelanto electoral. Planteaban importantes multas, que podían llegar hasta 800.000 euros, la creación de un sistema arbitral y un buzón de denuncias anónimo, como ya hay en Hacienda o en la Inspección Laboral.

En esta legislatura el Grupo Plural (JxCat, Teruel Existe y nacionalistas gallegos, canarios y cántabros) ha registrado otra proposición que plantea cosas similares. La propia ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha comprometido a atajar la morosidad con un régimen sancionador y la creación de un sistema arbitral.