e. martínez | A. barandiaran
Domingo, 8 de agosto 2021, 08:42
Hace ya cinco meses que el Gobierno aprobó el real decreto que regulaba la entrega de 7.000 millones de euros en ayudas directas para las empresas y autónomos que hubieran sufrido pérdidas durante la pandemia. El pasado 13 de marzo se publicó en el ... BOE la lista de actividades que podían acogerse a ello y los requisitos, pero esos empresarios denuncian aún hoy no haber visto ni un euro de todo ese dinero. Entre las causas principales, las exigentes condiciones de acceso establecidas y la «excesiva burocracia».
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El Ministerio de Hacienda transfirió a las comunidades autónomas la gestión de esta línea de ayudas, repartidas en 2.000 millones para Canarias y Baleares y 5.000 para el resto. A Euskadi le tocaron 218 millones, que el Gobierno vasco completó con otros 50 millones para abarcar más sectores de los 78 establecidos e incluir, por ejemplo, a las bodegas. El País vasco es un buen ejemplo para entender por qué no están llegando las subvenciones. Tal como advirtió recientemente el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, solo se han recibido 3.946 solicitudes cuando se esperaban unas 35.000. Por eso se ha ampliado el plazo para pedirlas hasta el 30 de septiembre.
Una de las principales razones denunciadas desde diversos sectores es que solo se pueden solicitar para cubrir impagos, lo que penaliza a aquellos negocios que hayan pagado sus facturas con los ahorros y el patrimonio. Así, las ayudas deben utilizarse para satisfacer los compromisos anteriores al 13 de marzo de 2021, devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que se encuentren pendientes de pago a esta última fecha. Para acceder al programa hay que acreditar una caída del 30% en la actividad. El orden en que deben usarse los fondos también está fijado: primero los proveedores; luego las entidades financieras, primando aquellas con aval público; y en último lugar los costes fijos.
Ante el escaso éxito, el Gobierno vasco y otras comunidades, así como múltiples asociaciones sectoriales, han pedido una revisión de los criterios establecidos en el decreto del Estado. El Ejecutivo central lo está estudiando y analiza un nuevo enfoque para compensar también pérdidas contables, aunque el empresario las haya cubierto con sus ahorros.
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Tras casi cinco meses de espera desde que se aprobó la línea, las críticas están siendo masivas. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, indica que la burocracia está siendo «tremenda» y que el Gobierno debería cambiar el real decreto para que se puedan presentar caídas de ingresos hasta el diciembre de 2021, no solo hasta el 31 de mayo. En su opinión, se está castigando a los buenos pagadores, a los empresarios que no tienen deudas porque han invertido sus ahorros para no tener facturas pendientes.
En la misma línea, el presidente Hostelería de España, José Luis Yzuel denuncia que las ayudas no están llegando porque se están exigiendo difíciles e «injustas» condiciones. Considera que se «beneficia a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonios».
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