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Las empresas podrán conocer en tiempo real si sus trabajadores están condenados por delitos de abuso sexual y tendrán la posibilidad de evitar así que personas con sentencia firme por agredir a menores sean contratados en trabajos que afecten a niños. Para acceder a esta ... información, no obstante, tendrán que conseguir el consentimiento del empleado.
Esta es una de las medidas incluidas en el real decreto aprobado ayer por el Gobierno por el que se reforma el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que a partir de ahora pasa a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Esta herramienta, que existe desde el año 2016, busca garantizar que nadie con antecedentes penales y delitos sexuales con menores pueda tener un trabajo que afecte a estos. Además, se compartirá información sobre condenados por trata de seres humanos.
3.201 personas fueron condenadas en España en 2022 por delitos sexuales, según los últimos datos sobre esta cuestión publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los juzgados registraron 3.835 delitos de carácter sexual.
Hasta ahora eran los propios ciudadanos quienes pedían ese certificado para incorporarse a un puesto de trabajo y debían presentarlo antes de firmar el contrato. Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo que ocurría es que no se volvía a actualizar la petición de información sobre si un empleado había sido incorporado al registro. Así, se han detectado casos de personas que cometían delitos después de haber aportado ese certificado sin antecedentes penales para trabajar con menores de edad.
«Vamos a permitir que empresas, instituciones, ONGs o colegios profesionales, con el consentimiento del trabajador, puedan actualizar y conseguir un certificado de antecedentes penales en tiempo real. De tal manera que tendremos un control efectivo, periódico, de los antecedentes por delitos sexuales o ahora también vinculados con la trata de seres humanos, para evitar que puedan estar trabajando en contacto con menores personas condenadas por un delito de esta naturaleza», detalló.
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Uno de los cambios que ha introducido el Ejecutivo es que los menores que tengan de 16 a 18 años podrán solicitar también ese certificado de antecedentes penales y no deberán pedírselo a sus padres o tutores como sucedía hasta ahora. Así, esos menores de edad, que en muchas ocasiones ya trabajan durante el verano en campamentos, como monitores o de socorristas, también podrán pedirlo para que a sus empleadores les conste que no tienen una condena previa por abusos.
El acceso a información previa para comprobar que un empleado no se ha visto envuelto en un delito de este tipo se extenderá también a ciudadanos de otros países europeos. Según Bolaños, aunque ahora ya se pedía esa información a una persona de un tercer país, en muchos casos los certificados no llegaban a tiempo ante la lentitud administrativa. De esta forma, se contrataba a extranjeros sin llegar a haber realizado la comprobación de sus antecedentes.
Con la reforma, el Ejecutivo interconectará de forma digital el registro de antecedentes penales europeo con el español, «de tal manera que en unidad de acto, se solicitará el certificado, tanto en España como en el país de la Unión que corresponda», explicó Bolaños. Según el ministro de Presidencia, esta modificación permitirá que «un trámite que antes podía durar semanas o meses se simplifique al ofrecer en minutos un certificado simultáneo del país de origen y de España».
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