Empresas eléctricas sin presencia en Euskadi se llevan el recibo de la luz del Gobierno vasco

La licitación impulsada por el Ejecutivo vasco ha supuesto dejar al margen de este contrato a las principales compañías del sector y en especial a las dos que tienen su sede social en el País Vasco, como es el caso de Iberdrola y EDP. Paradójicamente, las empresas que más aportan con sus impuestos a las arcas de la Hacienda vasca -que es la que servirá para abonar esta factura-, son las que han quedado marginadas en la adjudicación.

El Gobierno vasco tan sólo condicionaba el suministro a la certificación de que el 100% de la procedencia de la electricidad corresponderá a fuentes renovables, una opción que está de moda no sólo en las licitaciones públicas sino cada vez más en los contratos que negocian algunas grandes empresas. Sin embargo, en los criterios de valoración de las ofertas, la Administración vasca había optado por la opción más radical. Esto es, la totalidad de los puntos que se adjudican a cada una de las propuestas está ligada al precio, mediante una simple fórmula matemática. El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, responsable de este proceso, eludió introducir otros elementos de valoración -habituales en las licitaciones incluso de electricidad que realizan otros entes públicos, como es el caso de los ayuntamientos-, como la calidad del servicio, la presencia de profesionales de esas empresas en Euskadi para facilitar asesoramiento o la existencia de oficinas comerciales en este territorio. El Gobierno vasco sólo quiere precio bajo, venga de donde venga.

La licitación se había dividido en seis lotes separados. Dos por cada territorio y segmentados en alta y baja potencia. Se da la circunstancia de que la empresa ganadora de dos de estos seis lotes, Syder Comercializadora, es una pequeña firma de Zaragoza, sin oficinas ni empleados en Euskadi. Más aún, según los últimos datos disponibles y depositados en el Registro Mercantil, su facturación total en 2017 ascendió a tan sólo 18,1 millones de euros y su beneficio neto fue de 46.663 euros. Quizá lo más sorprendente de esta empresa es que en esa misma declaración de actividad de 2017 reconocía tener tan sólo seis empleados en España. Ahora accederá a un contrato valorado por el Ejecutivo vasco en 16,5 millones de euros para esos dos lotes.

La propia empresa, en un escrito de aclaración que presentó al Gobierno después de que su oferta se calificara inicialmente como «desproporcionada» -por baja-, admite que este contrato es para ellos una especie de campaña de marketing. «La repercusión que para ella supone tener de cliente al Gobierno vasco -señala la propuesta de adjudicación realizada por los técnicos del Ejecutivo de Vitoria- tiene un gran valor empresarial y de imagen, sirviendo de aval para la obtención de nueva clientela y puede justificar plenamente su oferta».

Lo cierto es que esta estrategia de buscar únicamente el precio más bajo, incluso fuera de la comunidad autónoma, es perfectamente legal. Pese a ello, esta opción genera un notable malestar en un buen número de empresas vascas, que compiten en el mismo mercado con salarios de sus plantillas más altos que los que abonan sus competidores en otras comunidades autónomas. Por si fuera poco, responsables de la Administración vasca han animado a los empresarios vascos en los últimos meses a afrontar un aumento de los salarios e incluso a asumir incrementos significativos de costes laborales, mediante la constitución de planes de pensiones para sus plantillas. Unas recomendaciones que casan mal con la política de compras que despliega el gabinete de Iñigo Urkullu y que se aplica también en otros concursos y no sólo en el del suministro eléctrico.