Dos empresas y UGT, contra la adjudicación de La Naval a VGP

Dos alegaciones corresponden a sendos grupos empresariales que habían optado a la adjudicación -Marina Meridional y el grupo A&M-, mientras que la tercera está firmada por el sindicato UGT. Las dos compañías mencionadas fueron descartadas en la puja ya que sus ofertas -29,3 y 23 millones de euros, respectivamente- fueron inferiores a los 36 millones ofrecidos por la firma belga VGP.

El objetivo no es otro que pedir a la titular del juzgado que supervisa la quiebra de La Naval que revise el proceso de adjudicación y atienda a criterios cualitativos y no cuantitativos. Un extremo que todos los expertos en procedimientos concursales descartan, ya que los planes sobre el contenido sí podían considerarse cuando se trató de vender como astillero, pero no en esta fase. La Naval ha tenido que despiezarse y venderse por partes después de que durante más de un año permaneciese el plazo de recepción de ofertas por el conjunto. Pero nadie presentó sus propuestas entonces, en gran medida porque existía una reclamación de los sindicatos ELA, CC OO y CAT, que se oponían al despido de la plantilla del astillero.

Las tres alegaciones tienen elementos comunes y algunas peculiaridades. Así, todos piden a la jueza que valore los planes empresariales de los oferentes. Lo cierto es que ni siquiera estaban obligados a presentarlos, ya que únicamente tenían que concretar el precio que estaban dispuestos a abonar por cada uno de los lotes. El lote principal contenía los terrenos y la maquinaria pesada.

El grupo A&M, que tiene su sede central en Alemania en la práctica, pide que se considere su decisión de pujar por la totalidad de los lotes para valorar una adjudicación como «unidad de negocio». Esta firma, según han indicado a este periódico fuentes de la misma, también va a alegar que hay defectos formales en el procedimiento de adjudicación a VGP. Por su parte, UGT pide que el juzgado vele porque al menos el 51% del terreno se dedique a actividades industriales navales. La normativa urbanística de Sestao establece que el 51% debe dedicarse a actividad industrial, pero no desciende al detalle de concretar el sector.