La elevación de cuotas de la Seguridad Social penalizará con 92 millones a las empresas vascas

Hace ya algunos días, la CEOE, la organización empresarial española, alertó de que esta subida puede suponer un coste extraordinario de 1.000 millones de euros anuales para las empresas del país. Y no se trata de aumentar la contribución de los trabajadores con salarios millonarios. Todos los que tienen un salario bruto anual superior a 45.644 euros están afectados por esta medida.

«Somos los que más contribuimos a la Seguridad Social, con una aportación del 70%. En Europa, la media es de un 60% a cargo de la empresa y un 40% de los trabajadores, aunque hay casos, como en Alemania, donde se reparte al 50%. Por tanto -aseguró ayer el director general de la patronal vasca Confebask, Eduardo Aréchaga- la subida del 7% es un coste añadido al diferencial ya existente».

Tampoco es seguro lo del 7%. Es tan sólo el último globo sonda, después de que el Ministerio de Trabajo amagase con la idea de eliminar por completo los topes de cotización, para indicar días más tarde que se analizaba una subida del 10%. «Si siguen viendo a las empresas como una fuente de recaudación, llegará un momento en el que dejaremos de ser competitivas y, entonces, ya no cotizaremos. Las empresas no pueden ser las que solucionen el problema de las pensiones», indicó ayer el representante de Confebask.

¿Qué obtendrán las empresas y los trabajadores afectados por esta medida, a cambio de este esfuerzo económico adicional? Absolutamente nada. La subida que propone el Ejecutivo central llega sin contraprestación alguna. Es, simplemente, un incremento de la presión fiscal -las cotizaciones sociales tienen una consideración equiparable a la de los impuestos-, que afecta a los trabajadores con salarios altos y sobre todo a las empresas a las que pertenecen. Además, va a contribuir a ensanchar la brecha entre esa banda alta de las cotizaciones y las pensiones de la Seguridad Social. En 2018, la base máxima de cotización está situada en 45.644,4 euros anuales, mientras que la pensión máxima, la cifra que ningún trabajador jubilado puede mejorar, está establecida en 36.609,44 euros. Una cifra que además es bruta y a la que hay que descontar el IRPF aplicable a cada contribuyente y que depende de muchos factores, como es la percepción de otras rentas o la contabilización de deducciones personales y familiares. En 2019, y si tomamos como bueno el anuncio de subir las bases un 7% y damos la misma consideración al incremento de las pensiones máximas en un 1,6%, esa brecha que este año era de 9.034,96 euros anuales se agrandará de forma pronunciada. La base de cotización ascenderá hasta 48.840 euros anuales, mientras que la pensión máxima tan sólo alcanzaría los 37.195,70. La resultante es una diferencia de 11.644,3 euros al año. Simplemente, brutal.

Las organizaciones empresariales ya han advertido que, en términos comparativos, la economía vasca va a ser de las más perjudicadas por esta ampliación de los techos de cotización a la Seguridad Social. La razón, apuntan, está vinculada con el importante peso que tiene la industria y los servicios avanzados en el conjunto de la actividad empresarial vasca. Dos sectores de actividad que se caracterizan por tener salarios más elevados que la media.