El cambio político ha llegado a España como una inesperada tormenta primaveral. La irrupción del PSOE de Pedro Sánchez en La Moncloa ha trastocado planes, agendas y, carteras ministeriales. Pero pocas áreas de gobierno sufrirán convulsión similar a la de la energía. Para empezar, porque ... las políticas energéticas estaban, hasta hace dos días, ligadas a la de industria. Y ahora pasan a formar parte de una ministerio denominado de Transición Ecológica, que liderará una reconocida activista medioambiental, Teresa Ribera. Esta madrileña de 49 años -que fue secretaria de Estado de Cambio Climático en el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero- deberá moverse con tanta audacia como cautela en un sector hiperregulado y expuesto a múltiples intereses -el energético- y agitarlo en una misma coctelera con el avance en las políticas medioambientales.
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Para añadir más dificultad a la tarea, deberá superar el obstáculo del escaso tiempo del que dispone, en un sector como el de la energía en el que las políticas se fijan a décadas vista. A su favor juega el hecho de que las líneas maestras que guiarán su política están más o menos en la línea de lo que defienden los partidos políticos que prestaron su apoyo a Sánchez en la moción de censura. Estos son algunos de los principales retos a los que se enfrenta Teresa Ribera.
Nuevo encaje ministerial
En las dos últimas legislaturas la cartera de Energía había cohabitado con la de Industria (y Agenda Digital, desde 2016), mientras que Medio Ambiente caminaba de la mano de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una situación que generó no pocos encontronazos con sus titulares- Del lado de Industria, José Manuel Soria primero y Álvaro Nadal después, y frente a la cartera medioambiental, Isabel Fernández de Tejerina. Ahora, sin embargo, los objetivos energéticos y medioambientales del Gobierno aparecen unidos bajo el epígrafe Transición Ecológica. La conciliación de intereses entre ambas áreas no se antoja complicada, pero el hecho de que cohabiten en una misma casa puede facilitar las cosas. Al menos una hipotética 'guerra' tendría como escenario las secretarías de Estado, y no los ministerios…
Desmantelamiento de centrales nucleares y de carbón
La transición energética hacia un escenario de energías limpias requiere del impulso de las energías renovables y el paulatino repliegue de las más contaminantes. Y en lo alto de ese podio están las centrales de carbón. En este sentido, la nueva ministra no tendrá, al menos de entrada, la oposición de las grandes eléctricas, dueñas de gran parte del parque de generación térmica. Y es que tanto Iberdrola como Endesa ya han manifestado su intención de bajar la persiana de buena parte de sus centrales de carbón. La primera de ellas avanzó a finales de 2017 su intención de cerrar las dos únicas que aún tiene en España: Velilla (Palencia) y Lada (Asturias). Poco después, Endesa comunicó que quería hacer lo propio con las de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), las que funcionan con carbón nacional, más caro y con menor poder calorífico que el importado. Sin embargo, ambas empresas se encontraron con las trabas del ministro Álvaro Nadal, que se propuso endurecer las condiciones para cerrar dichas centrales, con el pretexto de que afectaría a la seguridad de suministro y que conllevaría además un encarecimiento del mercado eléctrico. Ahora, con la ministra Ribera, ambas empresas tienen más despejado el camino.
Harina de otro costal es la de las centrales nucleares. Hablamos de la primera fuente de generación eléctrica en los dos últimos ejercicios. No contamina, pero sin embargo plantea un problema hasta ahora irresoluble: qué hacer con los residuos nucleares, una bomba atómica en potencia enterrada en el subsuelo de las centrales y en el almacén de El Cabril (Córdoba). Tanto el PSOE como la gran mayoría (por no decir la totalidad) de los partidos que auparon a Sánchez a la presidencia son firmes detractores de la energía nuclear. El plan del presidente pasa por cerrar las centrales a medida que vayan cumpliendo 40 años de vida útil. Según el calendario que manejan los socialistas, el desmantelamiento podría completarse en menos de una década. El PP se opone a poner fin -al menos, con tanta premura- a la energía nuclear ya que, en su opinión, elevaría el coste de generación entre 2.000 y 3.000 millones de euros cada año, lo que conllevaría un encarecimiento del precio de la electricidad de aproximadamente un 20%, amén de duplicar las emisiones de CO2 a la atmósfera.
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Impulso a los objetivos climáticos
El cierre de las centrales de carbón y el paulatino desmantelamiento de las nucleares correría parejo a un fuerte impulso de las renovables, lo que a su vez ayudaría a España a cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea (UE) en materia de cuota de energías limpias, emisión de gases contaminantes y eficiencia energética. Ahora mismo en Europa se debate el 'Paquete de Invierno', una serie de directivas que guiarán el camino del continente en materia energética hasta 2030. España es, junto con Polonia, el país menos ambicioso en este sentido. Por ejemplo: la Comisión Europea propuso en la mesa de negociaciones que el 27% del consumo total de energía procediera de fuentes limpias en 2030. Sin embargo, el Parlamento Europea es bastante más ambicioso: habla de hasta un 35%. La postura española apenas se ha movido del 27% original y, como mucho, está dispuesta a llegar a un 30%. Pero eso era con el anterior gobierno.
Ribera urge a avanzar en esa carrera, porque el Gobierno -advirtió en su toma de posesión como ministra- tiene «menos de 20 años» para pensar en los «profundos cambios» que la sociedad necesita para luchar contra el gran problema del cambio climático. La ministra se congratula porque el nuevo concepto de Transición Ecológica que da nombre a su cartera permite «ir más allá» para adoptar una visión panorámica del asunto que aglutine agua, sostenibilidad, energía, industria, empleo y protección medioambiental.
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Derogación del 'impuesto al sol'
Una de las primeras medidas que a corto plazo puede tomar la nueva ministra es la derogación del llamado 'impuesto al sol', como así se denomina a los recargos que el gobierno saliente ideó para frenar el autoconsumo energético. El anterior Ejecutivo, con el ministro Nadal a la cabeza -aunque fue bandera de su antecesor, José Manuel Soria- consideraba que el autoconsumo era «insolidario» con el resto de usuarios del sistema eléctrico. Algo que no compartía ningún otro partido político. Ni siquiera Ciudadanos. Hace un mes, 180 diputados -los mismos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura- presentaron una iniciativa parlamentaria para derogar la normativa y facilitar el autoconsumo.
Ocurre que la pasada semana, el aún ministro en funciones, Álvaro Nadal, presentó una propuesta de real decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. El texto venía a modificar el decreto de autoconsumo en dos aspectos. Pero ninguno de ellos suponía eliminar el 'impuesto al sol'. El experto del sector Jorge Morales, cree que las formaciones políticas favorables a su derogación, «pueden aprovechar que existe una norma en tramitación» para reencauzarla en favor del autoconsumo. «Porque, si no hay algún real decreto ya lanzado, es muy difícil tramitar uno. Hacerlo lleva, de media, del oren de un año», explica.
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Repensar los impuestos medioambientales
La penalización económica de las energías contamintantes está en la agenda de la nueva ministra, dispuesta a seguir las recomendaciones del Comité de Expertos para la Transición Energética. Ese sanedrín -creado por el Gobierno, grupos parlamentarios y sindicatos, y formado por 14 especialistas en la materia- propone, entre otras medidas, elevar un 28% el impuesto que grava el gasóleo. Lo cierto es que el aumento de la presión fiscal sobre los hidrocarburos es una medida que se espera desde hace años, pero que por distintas razones aún no se ha aplicado. La llegada al poder del Gobierno socialista puede hacerlo realidad. Tendrá que vencer, entre otras muchas, las reticencias de las asociaciones de transportistas, y de las petroleras. Sin ir más lejos, esta misma semana el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advertía de que las subidas de impuestos indirectos, como son los que gravan los carburantes, «al final los pagan los consumidores». Imaz pidió a Ribera que España apueste por reducir las emisiones de CO2, «pero con la máxima eficiencia y los menores costes para la industria y para que el consumidor no tenga que pagar los costes añadidos». Parte de los fondos que recaude el impuesto sobre el CO2 que el nuevo Ejecutivo pretende implantar servirán para nutrir el Fondo Verde para la transición energética que la nueva ministra quiere crear, y que servirá para impulsar la eficiencia y la movilidad sostenible.
En su decidida apuesta por las energías limpias, Ribera se propone además restringir las autorizaciones para nuevas prospecciones de gas y petróleo, así como prohibir la fractura hidráulica o 'fracking'.
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Aligerar la factura y reformar el mercado eléctrico
Una de las tareas del nuevo ministerio será la de aligerar, si esto es posible, la factura eléctrica de elementos ajenos al suministro. Esto es: la amortización de la deuda eléctrica, los incentivos a las renovables, etc. Muchas voces abogan desde hace tiempo por sacar de la tarifa todos esos costes y trasladarlos a los Presupuestos Generales del Estado. Pero ello supondría una carga quizá difícil de asumir para unas cuentas que aún están vigiladas con lupa por Europa.
Otro asunto relacionado con el recibo eléctrico es el del cálculo de los peajes de electricidad y gas. El anterior Ejecutivo 'robó' esta facultad a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que contribuyó a tensar las ya de por sí turbulentas relaciones entre Energía y el órgano supervisor. Reconducir esas aguas será otra de los deberes de Ribera, quien también se ha propuesto revisar el funcionamiento del mercado eléctrico ('pool') que en los últimos tiempos está demostrando una escasa capacidad para contener los precios de la electricidad en unos márgenes razonables.
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La nueva ministra también ha expresado su intención de mantener en el 7,4% la rentabilidad de las instalaciones de renovables. Se trata de un parámetro susceptible de ser revisado cada cuatro años. Los productores de energías limpias temían que el anterior Ejecutivo rebajara ese porcentaje en la próxima revisión.
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