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Nunca suele llover a gusto de todos. Tampoco ahora. La decisión del Gobierno español de tomar la delantera e intentar liderar la reforma del mercado eléctrico europeo no ha sentado nada bien en el sector. Ni en España ni en el resto de la UE. ... Las compañías intuyen que detrás de las líneas generales que ha anticipado el ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera se esconde un intento de intervenir, mucho más de lo que ya está, el mercado de la electricidad. Mientras tanto, desde el lado de los grades consumidores, la industria electrointensiva -firmas siderúrgicas, metalúrgicas y químicas, principalmente- aplauden el dibujo porque entienden que puede tener para ellos un efecto beneficioso, traducido en una reducción de costes energéticos y también en una mayor estabilidad.
La patronal europea del sector, Euroelectric, ya ha pedido a la comisaría europea de energía, Kadri Simson, que no atienda demasiado las pretensiones españolas. El funcionamiento del sistema eléctrico y la fijación de precios es solo apto para muy cafeteros, por lo enrevesado de un negocio que tiene diferentes costes de inversión y producción de acuerdo a cada tecnología; impactos externos coyunturales como ha sucedido ahora con el precio del gas y también exigencias de mantener plantas siempre listas para entrar en funcionamiento si es necesario.
El sector eléctrico ya ha interpretado que el Gobierno español aspira a crear una especie de central de compras para convertirse así en el intermediario monopolista de ese mercado y discriminar mucho la remuneración en función de los costes reales de cada fuente de electricidad. Es, apuntan en el sector, la antesala de la retirada de incentivos y «un riesgo claro para las inversiones de los próximos años». Si no hay sardinas -tradúzcase por opciones de ganar dinero, a ser posible mucho dinero- las focas no bailan. Y las consecuencias serían evidentes. «Si no hay inversión en nuevos parques de generación renovable se ponen en riesgo los objetivos de la transición energética e incluso la solución, o al menos una parte importante de la solución, a la excesiva dependencia del gas», advierten.
Incluso, añaden con la intención de reforzar su mensaje sobre las consecuencias negativas, «una pérdida de interés por las inversiones en España puede acelerar la deslocalización y una mayor presencia en otras zonas del mundo». El mensaje lanzado hace apenas unos días por Iberdrola sobre sus inversiones en Estados Unidos y las alabanzas a la «estabilidad regulatoria» del país son un señuelo a seguir.
Desde AEGE, la asociación que agrupa a las industrias de consumo intensivo de electricidad, sin embargo, se ve con buenos ojos el modelo que persigue Teresa Ribera. Intuyen, claro está, que puede forzar una rebaja en su factura eléctrica, de la misma forma que valoran como positiva la experiencia de la denominada 'excepcionalidad ibérica'. La limitación en el precio del gas que, apuntan, «debería extenderse todo el tiempo que sea necesario». La razón también se cuantifica en euros. «Esa decisión ha permitido que nuestros costes eléctricos se reduzcan en torno a un 18%. Aunque no ha sido una solución total al menos ha supuesto un alivio», señala Pedro González, director general de esta asociación empresarial.
La 'excepcionalidad', que limita y subvenciona el precio de gas que se utiliza en las centrales de ciclo combinado, se mantendrá de momento hasta finales de año. Tampoco le ha gustado al sector eléctrico porque cree que ha distorsionado el mercado y no es tan efectiva como parece. El impacto negativo de esa subvención en las facturas de los usuarios, aseguran, «ha sido muy importante».
Pero la industria va a lo suyo y quiere más contención del precio del gas. «Con la previsión de que los precios del gas sigan al alza necesitamos soluciones a corto plazo», insiste el director de AEGE.
«El gran riesgo de una intervención no pactada del mercado eléctrico es que se produzca un parón en las nuevas plantas renovables y con ello una reducción de la demanda de la industria que está detrás, de los proveedores», advierte José Ignacio Hormaeche, director del clúster de la energía en el País Vasco. Y esa es una derivada preocupante para la industria vasca, que tiene un papel destacado en el sector de los bienes de equipo eléctrico. «El mayor porcentaje de valor en la transición energética lo va a capturar el tejido industrial capaz de suministrar los equipos», señala, para poner énfasis en que muchas empresas vascas y el conjunto de la economía de Euskadi se juegan mucho en los próximos años.
El riesgo, opina, ya es evidente. «Muchos promotores de parques renovables están pensando en levantar el pie del acelerador de la inversión porque no tienen claro qué va a pasar, Esa incertidumbre es mortal. En el sector eólico ya se piensa que 2023 es un año de ralentización», apunta.
«Afortunadamente los proveedores vascos están presentes en muchos países», apunta Hormaeche, para matizar que una desaceleración de las inversiones en España sería un accidente pero, previsiblemente, no una tragedia para los proveedores
Las experiencias que existen hasta ahora en torno a la intervención del mercado eléctrico en periodos largos no son alentadoras, estima el responsable del clúster. «Hay una parte del sistema eléctrico, las redes, que está regulado y que cobra una retribución fijada por la Administración. La realidad es que nos encontramos cada año con una auténtica pelea entre empresas y Gobierno para fijar las cifras. Pensar que el mercado eléctrico en el futuro puede vivir en una permanente judicialización también lleva a pensar que no va a tener un crecimiento razonable», añade Hormaeche.
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