Las diputaciones vascas lanzan un fuerte respaldo a las inversiones de las empresas en descarbonización con su reforma fiscal

El impuesto que afecta a las empresas, al menos hasta donde se ha anticipado, tiene apenas unos ligeros retoques ya que los legisladores vascos no han querido entrar a fondo, previsiblemente para evitar choques de carácter ideológico entre los propios socios de gobierno -PNV y PSE-, así como en la búsqueda de respaldos que permita sacar adelante los textos legislativos en Álava y Gipuzkoa. Así, el acento se ha puesto en aquellas deducciones que pueden generar un respaldo de amplio espectro y no se descartan nuevas iniciativas de reforma en Sociedades -al menos intentos de reforma- ya avanzado 2025.

Junto al respaldo a las inversiones que sigan la estela de la descarbonización -sustitución de procesos industriales que utilicen combustibles fósiles por otros basados en hidrógeno, captura de CO2, etc-, hay también un ligero impulso a los trabajos de investigación y desarrollo. En determinadas circunstancias, cuando este I+D esté dirigido también a buscar soluciones para reducir el impacto ambiental, la deducción máxima que en la actualidad es del 70% podrá incrementarse en cinco puntos adicionales, hasta el 75%. Ahí, sin embargo, se ha introducido una modificación que rebaja la protección sobre los centros tecnológicos vascos -hasta ahora 20 puntos de la deducción dependían de que se contratase parte del trabajo con ellos-, ya que esta ventaja se amplía ahora a un universo más amplio de empresas investigadoras.

Todo apunta a que el pretendido impulso a los planes de pensiones de empleo, las EPSVs en las que hay aportaciones de las empresas o conjuntas también con los trabajadores, no va a suscitar un gran entusiasmo. Al menos, por el lado empresarial. Y es que las deducciones que se han introducido apenas alcanzan el 10% de las aportaciones que hagan las empresas -el resto es un gasto adicional para las compañías- y en algunos casos podrá llegar al 25%, siempre que se alcancen determinados porcentajes sobre el salario total de los empleados.

Habrá también deducciones para las empresas que elaboren un 'Plan de Conciliación', al que se puedan sumar voluntariamente los empleados y que contemple medidas que vayan más allá de la legalidad e incluso de los propios convenios colectivos que les afecten. Esto es, empresas que propongan reducciones de la jornada laboral sin recorte salarial; fórmulas de teletrabajo que no se hayan contemplado en el convenio o fórmulas de flexibilización de la jornada laboral que tampoco estuviesen pactadas hasta ese momento. No se ha dado a conocer el importe que tendrá esa deducción, pero sí se sabe que tendrá tramos y que el superior se alcanzará si más de un tercio de la plantilla de una empresa se adhiere a ese plan.

Las microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores, van a consolidar una ventaja que han tenido en los últimos años y que se había configurado de forma transitoria tras la pandemia y con el objetivo de facilitar su recuperación. Hacienda entiende que son el eslabón más débil de la estructura empresarial y que merecen un tratamiento especial, habida cuenta también de que sus beneficios no suelen alcanzar cantidades extraordinariamente altas. Su tipo real en el Impuesto de Sociedades era hasta la pandemia del 18% y se había rebajado hasta el 17% de forma temporal. La reforma, sin embargo, va a consolidar esa reducción y la hará permanente.