Las diputaciones controlarán las ayudas directas, que pueden llegar a 240 millones

Fuentes del Gobierno vasco señalaron ayer que están a la espera de que el Ministerio de Hacienda les plantee el convenio que debe firmarse para coordinar la entrega de las ayudas a sus destinatarios finales. El Ejecutivo central ha establecido algunas condiciones básicas -que aun así están sometidas a revisión- y se supone que las comunidades autónomas van a tener algún margen para adaptar los criterios a la realidad de cada territorio.

Como ya es conocido, podrán solicitar esta inyección extraordinaria de dinero las empresas y autónomos que encajen en un listado de actividades -por el momento hay un centenar- y que hayan visto descender sus ingresos al menos un 30% en 2020 en comparación con 2019. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció ayer que se van a incluir algunas actividades adicionales -se refirió en concreto a las peluquerías y autoescuelas-, al tiempo que abrió la puerta a que el decreto del Gobierno se tramite como proyecto de ley en el Congreso. Ello permitiría introducir modificaciones por la vía de enmiendas y atender las reclamaciones de sectores de actividad que se han quedado fuera. Las hay a decenas, como sucede con los productores de vino, que se han quedado al margen y que consideran una discriminación que otras actividades similares sí estén amparadas por el decreto aprobado la pasada semana por el gabinete de Pedro Sánchez.

Todo apunta a que será la declaración anual de IVA -lo que se conoce como modelo 390 en las diputaciones forales-, presentado a finales del pasado mes de enero por autónomos y empresas, el documento base que servirá para evaluar si los demandantes cumplen las condiciones y para medir también la ayuda a percibir. Ese documento refleja los ingresos anuales. A falta de la orden ministerial que debe actuar como reglamento en la concesión de las ayudas -donde se deben aclarar los detalles del procedimiento-, sería la facturación el elemento clave y no el rendimiento neto.

En el caso del País Vasco la aplicación será menos compleja que en el Estado, ya que no existe el sistema de módulos para calcular los ingresos teóricos sino que todas las actividades económicas declaran la facturación real.

Además, es previsible que las haciendas forales tengan que certificar también que la actividad declarada por la empresa coincide con su alta en el Impuesto de Actividades Económicas y todo ello encaja con el listado que el Gobierno ha establecido como merecedor de las ayudas. Fuentes de las haciendas forales señalaron que este proceso no plantea problema legal alguno, ya que este tipo de supuestos -la utilización de los datos del fisco para la concesión de ayudas públicas- está contemplado en la Norma General Tributaria.

Nadia Calviño, sin embargo, introdujo ayer nuevas dudas en el horizonte al señalar en una entrevista televisiva que en el caso de las empresas sería necesario revisar su declaración del Impuesto de Sociedades. Esta declaración no se presenta hasta finales de julio; con lo que, de aplicarse este criterio, las ayudas no llegarían a las empresas hasta después del verano.

Por otra parte, fuentes del Gobierno vasco apuntaron unos cálculos preliminares que han realizado sobre el monto de las ayudas a recibir por la comunidad autónoma: se situaría en torno a los 240 millones de euros. El Gobierno central ha aclarado que se utilizará un criterio de reparto similar al del programa 'React EU'. Si bien en ese programa de ayudas Euskadi tuvo una participación del 4,26%, en este caso se cree que el porcentaje se situará en torno al 4,8%, al contar Canarias y Baleares con una dotación económica separada.