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MIKEl ayestaran
Ramala
Viernes, 30 de agosto 2019, 19:14
Tres semanas después de hacerse pública la adjudicación al grupo CAF, junto a la constructora israelí Saphir, del macro proyecto del tren ligero de Jerusalén, la diplomacia palestina contactó con el Gobierno español para pedirle que informe a la empresa vasca de la situación que ... se vive en la ciudad santa. «Se trata de un primer paso antes de recurrir a la justicia nacional e internacional en caso de que la empresa no de marcha atrás», explica el ex ministro de Exteriores palestino, Nasser Al Qudwa. Desde que se anunció que CAF era una de las finalistas para hacerse con la obra comenzaron los contactos diplomáticos desde Ramala, pero una vez conocida la adjudicación estos se han intensificado y Al Qudwa adelanta que «si esto avanza contactaremos con gobiernos amigos en Europa y países árabes para que dejen de trabajar con esta empresa. Están cometiendo una terrible ilegalidad y su imagen va a quedar muy dañada».
Junto a los movimientos diplomáticos, también los activistas del BDS (siglas en inglés de boicot, desinversión y sanciones con las que se conoce al movimiento anti ocupación más importante) anuncian «una campaña internacional a gran escala para llamar al boicot a CAF», apunta su coordinador en Cisjordania, Jamal Yumaa. Tanto las autoridades como los activistas recuerdan el caso reciente de la compañía francesa Veolia, que en 2015 abandonó el trabajo en la Línea 1 del tranvía de Jerusalén debido a las fuertes presiones internacionales que le generaron importantes pérdidas, según los responsables del BDS. «La campaña contra Veolia la lanzamos en Bilbao en 2008 y ahora es todo un shock ver a una empresa vasca tomando su relevo, pero seguiremos la misma estrategia e impugnaremos cada concurso al que se presente CAF», señala Yumaa.
La compañía guipuzcoana ingresará más de 500 millones tras adjudicarse este proyecto en un concurso en el que tomó parte pese a la petición realizada por el de comité de empresa de retirarse del mismo. El consorcio formado con la israelí Saphir se denomina TransJerusalem J-Net Ltd y construirá 27 kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos. En 2009 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU describió este tranvía como una «infraestructura al servicio de las colonias» y un año más tarde condenó lo que califico como una «violación de la ley internacional». El tranvía forma parte del gran plan metropolitano de las autoridades israelíes y es clave para conectar las colonias levantadas en territorio ocupado con el centro urbano. Estos asentamientos vulneran el derecho internacional, tal y como ratifican repetidas resoluciones de Naciones Unidas (como la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad), así como la Convención de Ginebra, entre otros.
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