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La economía sumergida, aquella que escapa al radar de Hacienda y cuyos ingresos no son declarados por empresas y autonómos, volvió a escalar en Euskadi ... en 2022 hasta los 9.318 millones. La cantidad representa un 10,7% de todo el PIB vasco y registra un incremento de la última medición -fue en 2020- de 1.803 millones. Así se desprende del último informe realizado por el Instituto vasco de Estadística, Eustat, que ha sido publicado este lunes.
En el informe que con carácter bienal publica el organismo público de estadística bajo el título 'Economía no observada (ENO)' se trata de reflejar el movimiento de dinero e ingresos no controlados por Hacienda, lo que habitualmente se conoce como 'economía sumergida'. Es precisamente el dinero 'B' uno de los principales objetivos para el que las haciendas vascas han impulsado la factura electrónica, 'Ticket Bai', que ya está implantando en Gipuzkoa y Álava y que este año se extenderá a todas las empresas en Bizkaia. Así que, su efecto, todavía no ha podido medirse en los últimos datos obtenidos.
Por sectores, el comercio -incluye hostelería, comercio y la actividad de los talleres de vehículos- es donde más se localiza el fenómeno de la economía sumergida. De sus operaciones se calcula que un 25% se realizan sin emitir factura. La siguiente área donde más se reproduce este fenómeno es la de la construcción, con un 23,5% de transacciones sin control. Las actividades inmobiliarias residenciaron el 16,6% de sus operaciones dentro del ámbito considerado como economía sumergida.
Se estima que en cuanto a las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, un 14,8% de su riqueza se gestione de forma oculta. En el resto de los sectores las actividades sumergidas tienen una aportación mucho más moderada. En el de Información y comunicaciones el porcentaje estimado es del 7% y en la Industria, del 6,3%. En el sector Primario, representa el 3% y en educación, sanidad y servicios sociales de mercado alrededor de un 1,6%.
Las actividades sumergidas son aquellas actividades productivas legales que se ocultan de manera intencionada –en parte o totalmente– a las autoridades públicas, generalmente para evitar el pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.
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