Difícil armonía

También está claro que hablamos de empresas privadas a quienes la ley les exige que su política de remuneración sea transparente, pública y resulte aprobada por las juntas generales de cada una. Cosa que sucede siempre, aunque no es necesario ser catedrático de Derecho Mercantil por la Universidad de Yale para saber cómo se obtienen las delegaciones de voto en las mismas, lo cual no elimina la responsabilidad final de los accionistas.

El proceso de consolidación bancaria, a través de unas fusiones que reducen de manera drástica el número de participantes en el sector, está dirigido, fundamentalmente, al ahorro de costes que se deriva de un mayor tamaño que permite eliminar sucursales y amortizar puestos de trabajo. ¿Qué podía haber hecho aquí el Gobierno? Nada, salvo en el caso de Bankia, en el que no puede aducir ignorancia acerca de sus intenciones reales cuando se planteó, admitió y apoyó su fusión con CaixaBank.

Armonizar el interés privado de lograr una mayor eficacia de las entidades con el interés público de la defensa del empleo, sobre todo ahora que nos faltan más de un millón de puestos de trabajo, es una cuestión espinosa que habría que afrontar con generosidad por parte de todos. Que empiecen a mostrarla los directivos apelados, que son quienes más ganan.