Los diez protagonistas del juicio por la salida a Bolsa de Bankia

La imagen más buscada entre los que se sentaron en el banquillo, el mismo en el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas «black» de Caja Madrid.

El tribunal ha dado por buenos sus argumentos, al entender que la operación contaba con el beneplácito del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Bancaria europea (EBA).

La primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y famosa por sus excesos verbales con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi, que le costaron a España una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Murillo se movió entre el exquisito respeto por las garantías procesales de los acusados y un férreo control de las acusaciones, en particular de la actuación de la fiscal Carmen Launa, a la que sometió a un marcaje -o más bien placaje- que le costó a la representante de la Fiscalía Anticorrupción un desprendimiento de retina, fruto de la tensión.

Ya en las cuestiones previas, marcó distancias respecto a su «jefe» en esta Fiscalía, Alejandro Luzón, que contemplaba la tibieza con la que su sucesora en el caso abría la puerta a una posible falsedad contable; al ministerio público le perjudicó el cambio de titular, y Launa protagonizó duros desencuentros con Murillo, antes de demorarse durante 22 horas en la lectura de un informe final.

Alegó su condición, equiparable a la de un jefe de Estado, para que la sala le eximiera de desplazarse al polígono donde se celebraba el juicio.

Cuando los magistrados dieron el visto bueno a que testificara por escrito, problemas en la valija que transportaba el cuestionario hizo que éste llegara «deteriorado o mojado». Lagarde pidió más tiempo, pero el verano y la ya de por sí demora de las vistas hicieron que se prescindiera de su relato.

Sus informes fueron la base de la acusación de la Fiscalía. Ambos defendieron que el folleto entregado a los inversores de la salida a Bolsa en julio de 2011 contenían unas cuentas «que no reflejaban la imagen fiel» de Bankia, extremo ahora desmentido por el tribunal.

Sus correos internos críticos con la viabilidad de BFA sacudieron la recta final de la instrucción hasta provocar la imputación -finalmente archivada- de la excúpula del organismo por posible dejación de funciones; el perito reculó en parte de sus afirmaciones.

En las 19 horas que duró su declaración, se presentó como afectado por las supuestas maniobras de Rato y compañía para retrasar la entrega de información relevante. Sin embargo, acabó siendo acusado como cooperador necesario para falsear los números de 2010, todo ello ahora rechazado.

Su testifical coincidió con una de las etapas más convulsas del banquero, cuestionado por el escándalo de espionaje a políticos y empresarios.

Especialmente esperada fue su respuesta a Rato, quien aseguró que González le exigió que se marchara de Bankia; extremo que aclaró «FG», que admitió haberle recomendado que dimitiera.

Aún así, le lanzó un balón de oxígeno al cargar contra el Banco de España y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por «no querer afrontar» los problemas de las cajas e impulsar su salida a Bolsa, que no fue delito sino un error por la coyuntura política.

Se despachó con contundencia sobre Bankia, el «caso más problemático» de la banca española.

Asimismo desmintió a Rato y negó que éste sufriera presiones de un Gobierno que, aseguró, tampoco pidió al FMI que adelantara el informe en el que señalaba al banco como «la entidad que más efectos negativos y contaminantes podía tener sobre el resto».

De testigo a imputado y, de nuevo, testigo. En su testifical ante el tribunal, insistió en que no recibió alerta alguna sobre Bankia hasta 2012.

Restó así importancia a los correos de Casaus, los cuales dijo no haber recibido al tratarse de aspectos fuera de su competencia, si bien incidió en que acertaron «por casualidad» con los problemas de viabilidad, pero no con las razones.