La devolución a los mutualistas hace un roto de más de 700 millones a las diputaciones vascas

Todas las administraciones vascas -Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- tienen ya un problema inmediato sobre la mesa. Sus estimaciones de ingresos para este año no se van a cumplir y en realidad van a quedar bastante lejos. Los 19.000 millones de euros en ingresos estimados para este año por impuestos y sobre los que se construyeron los presupuestos de gasto para el ejercicio se van a quedar muy por debajo. Ahora hay que anotar una factura importante que las diputaciones ya han comenzado a pagar y que se va a disparar en las próximas semanas, ya que el objetivo es que el tema esté definitivamente liquidado antes de que acabe el año. Es más que probable que todas las instituciones tengan que ampliar las partidas que corresponden a las famosas 'inejecuciones' -gastos previstos en los presupuestos que luego se quedan aparcados en un cajón porque no se ejecutan esos compromisos-, para cuadrar sus cuentas y evitar incurrir en un déficit extraordinario. Sólo el Gobierno vasco dejó sin ejecutar previsiones de gasto por un importe de 849 millones de euros en 2023, casi el 6% de su Presupuesto.

El origen de esta historia es una sentencia del Supremo a raíz de una reclamación presentada por un colectivo de extrabajadores de banca ya jubilados. Reclamaban y el alto tribunal les dio la razón, que una parte de sus aportaciones que realizaron en activo para tener derecho a pensión eran ahorro y que, por tanto, lo que reciben ahora es en realidad la devolución de aquel dinero, no una nueva renta. Se trata de las aportaciones que hicieron a su mutualidad profesional, extinguida y absorbida por la Seguridad Social en 1979. Fue una mecha. La explosión se produjo cuando Hacienda se ha visto obligada a extender a ese criterio a todos los jubilados que realizaron aportaciones antes de 1979 a mutualidades extinguidas. Telefónica, Tabacalera, empleados de aduanas o notarías, entre otros, están en ese supuesto. Y por tanto, una parte de lo que perciben como pensión está libre de impuestos, aunque hasta ahora no se les había reconocido.

Las haciendas de Bizkaia y Gipuzkoa ya han concretado el coste que ese 'libre de impuestos' ha tenido en al liquidación de Renta de 2023, que terminó a finales del pasado junio. Así, Bizkaia asegura que el coste -lo que ha dejado de ingresar- ha sido de 106,7 millones de euros, con 109.500 jubilados afectados. Hay hasta 128.000 en Bizkaia que cumplen la condición de haber hecho aportaciones a mutualidades, pero debido a que sus pensiones son muy bajas 18.500 no tienen retenciones y por lo tanto no pagan IRPF. En el caso de Gipuzkoa los afectados han sido 102.500 y su beneficio fiscal ha llegado a 65 millones de euros. Esto es, una media de 974,7 euros para cada pensionista vizcaíno y 575 en el caso guipuzcoano. Álava no ha dado aún sus datos -lo hará en los próximos días-, pero ya anticipó que tenía 51.200 pensionistas que habían reclamado. Su factura va a estar por lo tanto por encima de los 20 millones

Y esto solo es el principio, porque esas cantidades corresponden a la liquidación del IRPF de 2023. Ahora hay que comenzar a sumar las reclamaciones de lo cobrado de forma indebida por las haciendas forales en los ejercicios que no habían prescrito cuando este tema comenzó a ser conocido por los contribuyentes, tras la sentencia del Supremo. Se trata de los ejercicios de 2019 a 2022, cuatro años y ahí no el cálculo no se hará de oficio como ha sucedido para la liquidación de 2023 sino que se atenderá a las reclamaciones de las personas interesadas. En los últimos meses se ha producido una avalancha y la Hacienda de Bizkaia ya ha anticipado que agilizara los trámites para devolver las cantidades pendientes de esos cuatro años.