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Cada trimestre las estadísticas dejan al desnudo uno de los más importantes desequilibrios de la economía española, que no es otro que la abultada deuda pública. En el segundo trimestre de este año el pasivo acumulado por las administraciones públicas españolas alcanzó la cifra récord ... de 1,137 billones de euros. Un dato que sin embargo tuvo su reverso positivo: el porcentaje que esta cantidad representa sobre el Producto Interior Bruto (PIB) bajó una décima respecto al trimestre anterior, del 99,9% al 99,8%.
Si esa deuda se repartiera por cada habitante, a cada uno le tocaría pagar algo más de 24.400 euros. Una hipótesis que evidentemente nunca llegará al terreno de lo posible, pero que sirve para ilustrar la magnitud del problema. En todo caso, expertos consultados por DINERO, si bien reconocen que la deuda pública constituye una debilidad de la economía española, también admiten que no constituye un lastre imposible de soportar. En definitiva, que la deuda aprieta pero no ahoga.
En opinión de Juan Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE, ese nivel de deuda de casi el 100% del PIB «no es desorbitado, aunque sí lo es el cambio producido de unos años a esta parte». Antes de la crisis el pasivo de las administraciones públicas españolas apenas llegaba al 40% del PIB. Después llegó el colapso financiero, los déficits públicos se desbocaron y, para evitar tener que elevar los impuestos hasta límites difícilmente soportables por la población, las administraciones hubieron de financiar la brutal diferencia entre los ingresos y los gastos con la emisión de gran cantidad de deuda.
«No es una situación preocupante. No es el más alto de la Unión Europea (UE), ni del mundo. Japón, sin ir más lejos, tiene una deuda del 230% de su PIB, y en Europa Italia o Portugal pasan del 130%. Por no hablar de Grecia...», expone Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). «No es preocupante, al menos mientras no cambien las circunstancias...», apostilla. ¿Y cuáles son ahora esas circunstancias? Pues fundamentalmente, un escenario de bajos tipos de interés, construido por el Banco Central Europeo (BCE).
Pero esta política financiera está en trance de cambiar. Siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal (FED) estadounidense, y cada vez más presionado por Alemania, que ve en los tipos bajos un inmerecido castigo para sus millones de ahorradores, el BCE empezará a subirlos más pronto o más tarde. «Entonces el coste de esta deuda empezará a aumentar, y puede constituir una restricción severa para las cuentas del sector público», cree Zubiri. En la actualidad, España se beneficia de unas buenas condiciones de financiación, surgidas bajo el paraguas de Francfort, y por una prima de riesgo (diferencial de los bonos de deuda pública española a 10 años respecto a su equivalente alemán) estabilizada ligeramente por encima de los 100 puntos básicos.
No siempre ha sido así, desde luego. Cuando la economía española estaba a punto de caramelo del rescate, allá por el verano de 2012, la prima de riesgo se desbocó por encima de los 500 puntos básicos. «Y una situación de inestabilidad interior -concretamente, el tema de Cataluña- puede conducir a un repunte de la prima de riesgo», cree el experto de la UPV/EHU.
Algunas señales al respecto están empezando a detectarse: el pasado miércoles día 4 el indicador subió hasta los 133 puntos, el nivel más alto desde el mes de abril. Un día después, en la primera subasta de deuda pública emitida por el Tesoro en medio del conflicto catalán reflejó lo que los mercados venían anticipando en los últimos días: los inversores exigen más intereses a España por adquirir su endeudamiento ante el riesgo que observan en torno a la secesión de Cataluña. En la subasta del jueves se consiguieron colocar casi 4.600 millones de euros en varias emisiones a largo plazo, con precios ligeramente más altos que las anteriores.
Con todo, hasta el momento las condiciones de financiación son bastante favorables. La vieja deuda, emitida a unos altos intereses, se va renovando por otra menos gravosa para las arcas públicas. Porque la rueda del pasivo es casi imposible de parar, en el caso de las administraciones públicas. «Año tras año España sigue teniendo déficit, y por lo tanto necesidad de financiarse. En los últimos se ha hecho un esfuerzo, vía austeridad, para reducir ese déficit, pero está lejos de ser solucionado», recuerda Juan Pedro Aznar.
La Comisión Europea (CE) fija un nivel óptimo de deuda el que está por debajo del 60% del PIB. España se comprometió a reducirla a esos niveles para el año 2020. «Me imagino riéndose al que escribió esto», ironiza Ignacio Zubiri. «Para bajar del 100% al 60% de deuda sobre el PIB tienes que tener un superávit de más de 2 puntos, algo muy raro, durante casi 20 años», expone. De hecho, España sólo ha presentado una cuentas públicas en números negros en dos ocasiones durante los últimos 40 años.
«Este nivel de deuda pública no se va a repagar. Nunca se ha hecho», añade Zubiri, quien recuerda la situación vivida en los años 90, cuando la deuda pública bajó del 75% hasta el 35% del PIB. «¿Porque se repagó? No, ni un euro. Lo que pasa es que se dejó de emitir deuda porque las cuentas estaban más o menos saneadas, y el crecimiento del PIB y la inflació hicieron que como porcentaje, disminuyera».
«La deuda es asumible si tienes un buen crecimiento económico. Es como la deuda de un ciudadano: podrá pagar mejor su hipoteca, será más sostenible, si su sueldo es más alto. Pues lo mismo pasa con el Estado cuando crece la economía», explica Juan Pedro Aznar. «Pero existen dos problemas -añade-. Uno, que el crecimiento tendrá tiempos peores. Y dos, que los tipos de interés no siempre estarán tan bajos».
«Lo que tiene que hacer España es eliminar el déficit y equilibrar las cuentas, aunque se debería hacer subiendo los impuestos, y no bajando el gasto, que es la única vía que hoy por hoy el Gobierno aplica», dice Zubiri. El problema es, según el catedrático de la UPV/EHU, «que salvo que introduzcas cambios estructurales en los ingresos (básicamente, subir los impuestos), no puedes incrementar el gasto por encima del techo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En cuanto la economía empieza a ir bien, sin necesidad de hacer nada más, sólo con ese crecimiento, los ingresos empezaran a aumentar. Pero ese superávit lo vas a tener que emplear en amortizar deuda».
España contempla pagar este año algo más de 32.000 millones de euros en intereses de deuda. Es la mayor cifra de la historia. Antes de la crisis no llegaba los 15.000 millones. Y en 2012, año en el que todas las alarmas estaban en rojo, los intereses fueron casi un 20% inferiores a los que el Tesoro espera pagar este año. «Es una cifra alta, pero no exagerada», valora Ignacio Zubiri, porque esa cantidad se paga en intereses que han ido disminuyendo en los últimos años. El interés medio de la deuda del Estado en circulación está sobre el 2,70% (hace cinco años era algo más del 4%). Lo que ocurre es que ese pasivo -que en gran parte está en manos de bancos y entidades financieras extranjeras) se ha triplicado en la última década.
En opinión de Zubiri, «el Gobierno no puede hacer demasiado, más allá de tener una política financiera sensata a la hora de emitir deuda, y presentar un sector público saneado, que no cree inseguridad entre los que te tienen que prestar: con un equilibrio, e incluso si se puede con un superávit moderado».
Una cuarta parte de la deuda de las administraciones públicas (285.907 millones de euros, el 25% del PIB nacional) está en manos de las comunidades autónomas, con datos a final del segundo trimestre del año. Supone un 2,3% más que el trimestre anterior, y un 4,5% superior al del mismo periodo de 2016. Euskadi es la segunda autonomía con un pasivo más bajo respecto al PIB (15,3%), sólo por detrás de Madrid (15,1%), según datos del Banco de España. Sin embargo, es la cantidad absoluta más alta de la historia. Dividida entre el número de habitantes, la deuda vasca sale a casi 5.000 euros por cabeza.
«Es un endeudamiento perfectamente asumible, porque Euskadi tiene una gran capacidad financiera, y su coste es pequeño», analiza Ignacio Zubiri. «Sin embargo, hay dos aspectos a tener en cuenta. En prime lugar, que ya se ha rebasado el límite establecido en el protocolo de déficit excesivo, que es del 15% para las comunidades autónomas. Y segundo, el hecho de que la deuda no deja de aumentar cuestiona el argumento de que no es necesario subir los impuestos, sobre todo cuando existen muchas necesidades que no están cubiertas», añade.
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