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Si alguna de las casas de apuestas que operan en Euskadi hubiese puesto a cotizar la posibilidad de que hoy se alcance un acuerdo en torno a la futura Ley de Aportaciones, los partidarios del «no» serían legión y los del «sí» una minoría. Sería ... una apuesta desequilibrada. Tanto como el mapa interno de las relaciones financieras entre las diputaciones y el Gobierno vasco -que de eso va este asunto-, y la composición de los ingresos fiscales que reciben las haciendas forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.
El galimatías -además de ser sólo apto para insomnes- impide dar una respuesta inequívoca a las preguntas fundamentales que están sobre la mesa: ¿Se queda cada institución con el trozo de la tarta que realmente le corresponde? ¿Es justo lo que aporta cada uno de los tres territorios para sostener el Presupuesto del Gobierno vasco? Un estudio realizado por el Ejecutivo de Vitoria hace algunos meses vino a responder «sí» a la primera pregunta. Pero el problema está en la segunda. «Depende cómo se mire», es la respuesta más habitual, que ha impedido hasta ahora encontrar un punto de consenso entre los ejecutivos forales.
El Consejo Vasco de Finanzas -órgano en el que están representados el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos-, se reunirá hoy en Vitoria con dos objetivos. El primero es puramente contable y simple: levantar acta de la liquidación de ingresos fiscales del pasado año. Un magnífico ejercicio en el que se incrementó el 3,5% la recaudación. El segundo objetivo, titánico, hacer una propuesta de la Ley de Aportaciones -la que determina quién pone el dinero que gasta el Gobierno autonómico-, que está prorrogada desde 2011.
Y, como se trata de repartir dinero, todo el mundo cree que recibe poco o que pone demasiado, y que es el resto quien debe hacer el esfuerzo de rascarse el bolsillo. En concreto, la Diputación de Gipuzkoa, la que más ansiedad ha mostrado para buscar un nuevo escenario que le permita rebajar su contribución al Presupuesto del Gobierno vasco, hará hoy una propuesta en este sentido. Así, el Ejecutivo foral que lidera el diputado general Markel Olano quiere que el Ejecutivo autonómico renuncie a una parte de sus recursos y también que Bizkaia haga un mayor esfuerzo, que aporte más. En ese esquema, las diputaciones de Gipuzkoa y Álava serían las favorecidas. No parece que los vizcaínos estén por la labor, porque tampoco hay razones claras que justifiquen esa propuesta y porque a tan solo unos meses de las elecciones forales, no parece una buena estrategia de marketing político aparecer como perdedor ante su electorado. Además, Bizkaia siempre cuenta con el argumento de que cada año entrega 1.096 millones de euros a Gipuzkoa y Álava -826 millones en el primer caso y 270 en el segundo-, para equilibrar los ingresos por IVA e impuestos especiales. La ubicación en Bizkaia de los depósitos fiscales de carburantes es un privilegio al que las diputaciones pusieron coto por esa vía de exigir una compensación para el resto.
La aportación de cada territorio al Gobierno vasco se hace en función de dos criterios. El primero es el PIB, la riqueza que se genera en cada uno de ellos. La lógica es que el más rico aporte más y ese criterio está ponderado en un 70%. Pero no es el único, porque puede generar distorsiones, de ahí que se pondere en un 30% la recaudación real de cada territorio. Tampoco vale como criterio único a emplear, ya que puede darse la circunstancia de que un territorio aplique impuestos más bajos a sus contribuyentes, de forma intencionada, o puede ser más laxo en la lucha contra el fraude.
Puestos a tirarse 'trastos' a la cabeza entre las diputaciones, los hay de todos los colores. Así, por ejemplo, resulta chocante que mientras Gipuzkoa representa el 33,15% del PIB vasco, su recaudación por Impuesto de Sociedades apenas supone el 22,63% sobre el total de la comunidad autónoma en este tributo. ¿La razón? La existencia en ese territorio de numerosas cooperativas, que disfrutan de un gravamen reducido en su impuesto sobre beneficios. Mientras tanto, Bizkaia, que representa el 50,66% en términos de aportación de riqueza, recauda el 51,67% sobre el total, pero en el Impuesto de Sociedades casi el 62%.
La Diputación vizcaína siempre ha defendido la posición argumentando la eficacia de su lucha contra el fraude. También es verdad que contar con un tejido empresarial de mayor tamaño le permite tener ventaja en Sociedades. Y Álava se queda con la retención de los salarios de los funcionarios que trabajan en Lakua, aunque éstos vivan en Bizkaia o Gipuzkoa. Un verdadero lío.
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