La dependencia eléctrica que Euskadi tiene del exterior aumenta un 33% en solo cuatro años

Y es que Euskadi cada vez necesita más electricidad porque cada vez genera menos. Un déficit estratégico que, lejos de ajustarse, crece con fuerza. La dependencia se ha elevado un 33% en los últimos cuatro años. Ahora, de cada diez watios que consumen los vascos, casi siete vienen de fuera. En 2019, antes de la pandemia, esa ratio era del 50%.

Es una situación que crea la paradoja perfecta: Euskadi mantiene más o menos estable su consumo eléctrico, no aumenta la generación de energía renovable, pero a la vez padece serias dificultades para la instalación de cables que traigan la electricidad por el rechazo social de una parte y por la falta de inversión en redes, que es otro de los retos del sistema eléctrico.

Así, el parque de energía renovable vasco en los últimos cuatro años apenas ha evolucionado, a excepción de las placas fotovoltaicas, que han duplicado su generación hasta los 60 Gwh, pero representan cifras muy residuales -un 1% de toda la producción-. Además, el abandono pactado del gas y el incremento de la energía verde en el resto de España reducen el recurso a los ciclos combinados, muy contaminantes, aunque elementos del paisanaje eléctrico vasco.

En Euskadi, la generación verde -que no la potencia instalada- en estos últimos cuatros años, a pesar de alcanzar el 17% del total, se ha reducido un 19% -de 1.116 Gwh a 895- por los efectos climáticos, mientras que en el conjunto de España ha despegado un 37%, pasando de 97.913 Gwh a 134.604. Un flujo muy importante que está sirviendo actualmente para cubrir la demanda de empresas y hogares del País Vasco.

Esta dependencia eléctrica podría crecer aún más hasta 2030. Y es que, a pesar del casi centenar de proyectos para levantar en Euskadi instalaciones eólicas o fotovoltaicas, la tramitación de estas iniciativas se está haciendo muy larga y con una tasa de mortalidad muy elevada. El último parque eólico que se levantó en el País Vasco data de 2005 y el plazo medio entre el anuncio de uno y su puesta en funcionamiento supera los cinco años. El eólico más avanzado es el que impulsan Iberdrola y el Gobierno vasco con su sociedad Aixeindar en la localidad alavesa de Labraza. Se anunció en 2020 y tiene previstas las obras no antes de finales de este año.

Además, la Ley de Cambio Climático, una de las últimas aprobadas por el Gobierno vasco del lehendakari Urkullu, fijó el plazo de 2030 para que las administraciones públicas abandonen su participación en los ciclos combinados. El País Vasco obtuvo de esta fuente de energía la mitad de la electricidad en 2023, 2.632 Gwh. Sin esos watios, la depedencia exterior escalaría por encima del 83% de la demanda.

En ese escenario cada vez se hacen más necesarios los cables de alta tensión que traen a las subestaciones vascas el suministro eléctrico. Y no solo eso, sino que el cambio de fuentes de generación exige también una fuerte inversión en la red distribución.

Los objetivos son dos: aumentar la eficiencia en el reparto de la luz y dar acceso a la red a los nuevos centros de generación. Una tarea fundamental y en la que se está jugando una complejísima partida entre el Gobierno de España, el regulador del mercado, el operador de la red y las empresas eléctricas. El propio viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Amundarain, recordaba en un foro de EL CORREO que la falta de esta planificación «nos puede encorsetar hasta el punto de que podamos ahogar algunos puntos de nuestra estructura industrial».

La gestión de todo el cableado de la red de alta tensión corresponde a Red Eléctrica, el operador estatal. Pero sus tarifas están reguladas y todas las inversiones y planificación dependen del Ministerio de Transición Ecológica y sus presupuestos. Una compleja situación en la que se agolpan, por un lado, compañías como Solaria que piden acceso para evacuar su generación a la red. Y, por otra parte, empresas que demandan más potencia para alimentar unas fábricas cada vez más electrificadas por el avance hacia la descarbonización.

El otro actor del mantenimiento de la red son las principales compañías comercializadoras por encargo del Estado. Se reparten los territorios, según su implantación. En Euskadi, Iberdrola. También trabajan con precios regulados y las inversiones necesarias están condicionadas. El director de redes de la zona norte de Iberdrola, Javier Arriola, lamentó hace unas semanas que estas infraestructuras «están olvidadas incluso en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)» en una situación en la que, dijo, «aunque queramos, no podemos invertir más».